La Fiscalía provincial de Madrid denunció a Dancausa, junto al hermano de Ignacio González y a otros 14 cargos públicos el pasado mes de abril, por una operación mobiliaria relacionada con Mercamadrid, que fue denunciada hace aproximadamente un año por el actual Ayuntamiento de Madrid. Ahora el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto diligencias previas contra ellos.
En el informe presentado por el equipo de Carmena, se denunciaba malversación de caudales en una operación en la que se cedían terrenos municipales de Mercamadrid a la empresa Merca Ocio Hoteles 22 S.L, por los que en lugar de cobrar, se acabó pagando 41.500 euros mensuales al beneficiario, desde el año 2013 hasta el 2032.
El texto que denuncia dicha actividad cuenta con 28 folios y considera «desproporcionado y abusivo» el contrato de adjudicación firmado por ambas empresas en 2002.
«No es cierto que se me haya imputado», ha defendido Dancausa, precisando que «lo único que ha hecho el Juzgado de Instrucción es admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid», y por lo tanto ella es «investigada» porque el juez no le está «imputando ningún delito».
En un comunicado, la delegada de Gobierno ha tachado de «infundada» la denuncia de la Fiscalía, que está «convencida» de que se archivará, y entonces ella analizará «el ejercicio de todas las acciones legales» que le asisten «para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme». No obstante, Dancusa también ha admitido estar «absolutamente tranquila» y ha manifestado su preocupación porque la Justicia, «a veces», esté «haciendo política».
Explica que hoy mismo ha presentado un escrito de alegaciones «al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales».
Fue el Ayuntamiento de Madrid el que, en enero de 2016, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.
El equipo de Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha mostrado su orgullo por «los frutos» de aquella «actuación responsable y honesta». Sin embargo, la portavoz municipal, Rita Maestre, ha evitado hasta en tres ocasiones solicitar explícitamente la dimisión de la delegada, alegando que la Junta de Gobierno no se ha reunido y no ha abordado esa cuestión.
La portavoz del PSOE-M en el Consistorio, Purificación Causapié, sí ha exigido la dimisión de la delegada, cuyas «graves» y «lamentables» declaraciones ha calificado como un ataque hacia la actuación de la Justicia.
El diputado regional de Podemos Jacinto Morano se ha unido a esta petición y ha asegurado que un delito societario «que se hace con una empresa pública, con dinero público y para fines poco claros» está «muy, muy cerca» de ser corrupción. A su vez, la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha reclamado que se constituya una comisión de investigación en el Ayuntamiento.
Por otro lado, Ciudadanos y Podemos han solicitado la comparecencia de Dancausa en el Congreso de los Diputados, una petición a la que se une el PSOE, que también ha requerido que comparezca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha aprovechado para contraponer la voluntad de colaboración del Ayuntamiento con una Comunidad de Madrid «infestada de corrupción e infestada de mafia».
Además de Dancausa y Pablo González, entre los investigados figuran el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; el exdirector general y la exvicepresidenta segunda de Mercamadrid José Manuel Torrecilla y María Dolores Flores, respectivamente.
Marta de la Fuente