El Juzgado de Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un total de 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía a fin de cubrir fianzas de responsabilidad civil que suman un total de 3.677.450 euros.
En cuatro decretos distintos, la secretaria judicial embarga propiedades al exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano; al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua; al exdirector de Industria Jesús Nieto, y a Francisco García, exsecretario general de Empleo.
En el caso de Juan Carlos Soriano, a quien la juez impuso una fianza civil de 1.835.400 euros, la secretaria le embarga tres fincas ubicadas en Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba), Sevilla y Alcalá de Guadaíra, respectivamente, y una plaza de garaje localizada en Almería.
Asimismo, la secretaria decreta el embargo telemático sobre los saldos bancarios que ostente el imputado en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria, según el decreto.
Embarga un Audi 100
De igual modo, embarga al exdirector de Industria Jesús Nieto, en su caso para cubrir una fianza civil de 1.026.760 euros, un coche marca Audi 100 y parte de dos fincas ubicadas en Jabugo (Huelva) y Sevilla, respectivamente, así como sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.
En relación al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, la secretaria judicial le embarga, para cubrir una fianza civil de 535.990 euros, dos fincas localizadas en Vélez-Málaga y Fuengirola y el 25 por ciento del pleno dominio de una tercera finca en Vélez-Málaga, así como sus saldos bancarios y las devoluciones de la Agencia Tributaria.
Por último, embarga a Francisco García, exsecretario general de Empleo a quien la juez impuso una fianza civil de 279.300 euros, dos garajes en Salobreña (Granada) y dos fincas en este mismo municipio, un embargo que «se estima en principio suficiente teniendo en cuenta la cuantía de la fianza exigida» y por lo que declara al imputado solvente.