Aunque la decisión era previsible y esperada, el nombramiento de Mariano Rajoy ha puesto a la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, en el ojo del huracán. El currículo de la sucesora de Miguel Arias Cañete ha provocado el enfado de distintas organizaciones ecologistas que denuncian su relación con la empresa de fertilizantes Fertiberia S.A, propiedad del marqués Juan Miguel Villar-Mir. Fue directora de Estrategia y Planificación de la compañía durante ocho años, desde 2004 a 2012.
“Es deplorable, este nombramiento nos afecta negativamente. Que a un señor dueño de una empresa que tiene una sentencia le nombren marqués es muy grave. Que nombren ministra a una persona que era directiva en la empresa durante todo el periodo de alegaciones y recursos, cuando la empresa estaba en los tribunales es gravísimo. Estamos enalteciendo y reconociendo a personas que tienen sentencias en el juzgado”, explica Aurelio González, presidente de la asociación Mesa de la Ría.
A los pies de la ciudad de Huelva se encuentra uno de los puntos más contaminados de Europa. Los residuos que la empresa que dirige Villar-Mir lleva vertiendo durante décadas en las marismas del río Tinto se han convertido en 120 millones de toneladas de fosfoyesos, una mezcla corrosiva de agua y ácido sulfúrico que ha generado que las balsas, el aire y el suelo estén contaminados. De hecho, la zona del Bajo Guadalquivir es conocida como el ‘triángulo de la muerte’ por la alta tasa de cáncer.
Desde Greenpeace denuncian que una de las directivas de la compañía sea ahora ministra cuando Feriberia ha sido condenada por la Audiencia Nacional. “Esta empresa ha sido condenada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo por delitos contra el medio ambiente. Los depósitos de fosfoyesos están situados en dominio público marítimo-terrestre. En 2003 la Dirección General de Costas hizo un llamamiento ante los incumplimientos por parte de Fertiberia y declaró la caducidad de la concesión, que se hizo firme por el Tribunal Supremo en 2010. El dueño de Fetiberia es Villar-Mir. La Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las órdenes de Arias Cañete, es Isabel García Tejerina. Exdirectora de Planificación en Fertiberia. De Fertiberia al ministerio”.
Además, la organización ecologista señala que no es el único parapeto que el Gobierno ha ofrecido al empresario para proteger su patrimonio. Villar-Mir también es el dueño de la empresa Ferroatlántica y una de sus industrias se encuentra entre los municipios de Astillero y Camargo (Cantabria), con el 45% de su actividad en dominio público marítimo-terrestre. “La concesión de ocupación caduca en 2018. Hasta la fecha ningún empresario del polígono ha hecho ningún esfuerzo por trasladar la actividad a un suelo legal”.
La Ley de Costas de 1988 apuntaba en el artículo 23 que “la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar”, ahora la reforma de la norma de 2013 contempla que “en las riberas de las rías la extensión de esta zona podrá reducirse por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mínimo de 20 metros”.
Los ecologistas sostienen que la modificación de la ley ha sido fruto de una decisión de Villar-Mir para mantener su industria en Cantabria. Aseguran que la relación entre el presidente de la Cámara de Comercio de esta comunidad, modesto Piñeiro García-Lago con el PP y sus constantes quejas sobre la “molesta” ley han influido sobre las decisiones del Gobierno. “Villar-Mir conoce muy bien la Ley de Costas. Quizás tras la experiencia en Huelva con Fertiberia, ya legalizada, no ha querido que se repita en Cantabria. Quizás le han servido sus contactos con el Partido Popular y por ende con la Administración del Estado. Fuentes externas han revelado a Greenpeace que quien ha conseguido que en Cantabria se modifique la Ley de Costas ha sido Villar Mir”. Una teoría que también apoya la asociación Mesa de la Ría: “Sabe que está contra las cuerdas, ya consiguió con Cañete una ley de costas que le favorecía extraordinariamente. Este hombre tiene que proteger su bolsillo y lo hace con todo su poder”.