El Gobierno socialista y en concreto el Ministerio del Interior siempre se han mostrado en contra de aceptar una verificación internacional del alto el fuego de ETA desde que la banda introdujo esta novedad en su anunció del cese de actividades «permanente general y verificable» en enero de 2010.
Precisamente, en una comparecencia especial para valorar el anuncio de alto el fuego que ofreció el entonces titular de Interior y ahora candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que «en el comunicado se habla de una verificación internacional que, como saben ustedes, el Gobierno ha rechazado una y otra vez».
«En un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de la Seguridad del Estado», advirtió Rubalcaba dejando clara cual iba a ser la posición del Ejecutivo en referencia a esta cuestión.
Diez meses después, esta postura pública no ha variado en Interior, como advirtió el pasado jueves el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tan sólo un día después de la presentación de la comisión de verificación. «La verificación que hacen los policías y guardias civiles consiste en verificar que se trata de un etarra y detenerle», advirtió en una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press.
También el actual ministro, Antonio Camacho, aseguró el pasado 6 de septiembre desde París (Francia) que «la Policía y la Guardia Civil ya conocen el estado de la banda porque «lo verifican constantemente».
Petición de Brian Currin
El punto de la verificación internacional fue también uno de los ruegos que le trasladó el mediador sudafricano, Brian Currin, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por medio de una carta remitida el pasado mayo a La Moncloa.
«Sr. Zapatero, no pierda esta oportunidad histórica para ayudar a terminar con el último conflicto violento político de Europa (…), colabore con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y para facilitar el desmantelamiento de las armas», decía la misiva remitida por el abogado sudafricano en la que además se le pedía que flexibilizase las leyes en el País Vasco y que intercediese para al Sortu fuese legalizada.