Ni el ensordecedor ruido vacacional que produce la Semana Santa ha sido capaz de acallar a los fantasmas de una de las tramas urbanísticas más mediáticas de nuestro país y ya conocida por todos con el nombre del ‘pelotazo de Arganda’, enmarcada dentro del famoso ‘Caso Gürtel’. Este miércoles, los dos periódicos nacionales que más de cerca están siguiendo el caso, El País y Público, engrosaban la lista de imputados por este turbio asunto con un nuevo nombre, el de Juan Fernández Caballero, consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey.
Según publican ambas cabeceras, el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, ha citado a declarar al consejero delegado por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Fernández Caballero, que no es militante del partido, lleva ocho años al frente de FDM, un cargo de máxima confianza para los dos regidores conservadores que ha tenido el municipio en este periodo. Por su parte, PSOE e IU pidieron este martes «responsabilidades políticas» al alcalde de Arganda, Pablo Rodríguez Sardinero, por haber ratificado al nuevo imputado en su puesto.
Durante su gestión, tal y como recoge Público, al menos seis empresas pertenecientes a la red tejida por Francisco Correa han facturado a Fomento de la ciudad más de 700.000 euros. Las firmas beneficiadas son Special Events, Easy Concept, Servimadrid, Good and Better, Diseño Asimétrico y TCM. Las cifras de los contratos con estas empresas crecieron hasta 2007 de forma exponencial. En 2004, facturaron un total de 43.485 euros; al año siguiente, 67.489; en 2006, esa cifra fue triplicada y ascendió a 188.411; y ya en el año de las últimas elecciones municipales y autonómicas, en 2007, batió el récord con la trama Gürtel con contratos por valor de 406.206 euros.
Con Fernández Caballero ya son cuatro los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Los cuatro relacionados con las supuestas adjudicaciones de una parcela pública a la constructora Martinsa investigadas en Arganda del Rey, el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros por esta operación. Una tasación que el propio Ayuntamiento valoró en 96 millones, pero que fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó.
El perjuicio para el erario público en esta presunta irregularidad, según las cuentas realizadas por Público, asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza. No obstante, Estrella Digital cree que las pérdidas son aún mayores. Hubieran sido «sólo» 30 millones si la parcela hubiera mantenido su edificabilidad pero, tras comprarla -que no pagarla- Martinsa aumentó en 800 viviendas más su urbanización lo que casi dobló el precio de la parcela. De hecho, tal y como añade Ignacio Escolar, Martinsa vendió la mitad de la edificación por casi el importe de su compra.
Imputación a petición del PSOE
El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. La información que ha trascendido al respecto es que Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.
Según recoge el diario El País, la petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad. Aunque el escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.
Por su parte Público, hace constar una importante conversación telefónica intervenida por la Policía a Pablo Collado, uno de los responsables de Easy Concept, en la que éste dice que hay que regalar a Juan Fernández Caballero «algo especial» y acuerda con su interlocutor que sea «unos gemelos, que siempre los usará». Un hecho más que ayuda a confirmar que las conexiones del consejero delegado con la trama resultan evidentes.