La terrible crisis que asola a Egipto se endurece y agrava por momentos. La resistencia de Hosni Mubarak a aceptar las demandas de la sociedad y de la oposición, pone en riesgo la estabilidad y la seguridad del país. En las últimas horas y al parecer como fruto de una estrategia encaminada a colocar en un mismo plano a opositores y defensores del régimen, mediante la actuación de grupos cuya movilización se promueve por los dirigentes del partido gubernamental, las fuerzas policiales y el conjunto de su aparato represivo, la violencia se ha apoderado de las calles de El Cairo y pone en riesgo los últimos hilos que mantenían la convivencia colectiva.
Es posible que Mubarak haya abierto con una irresponsabilidad temeraria las puertas de los enfrentamientos, la persecución de los periodistas extranjeros y la deslegitimación, en definitiva, de las demandas que plantean los defensores de las reformas. Su discurso del pasado martes aceptando la necesidad de cambios queda en evidente entredicho al asumir la tentación de beneficiarse del conflicto abierto para mantenerse en el poder.
Pero todos hemos visto las manifestaciones pacíficas con claridad, también vimos –y ahora entendemos lo que se pretendía- la retirada de la policía para asustar a las familias, poner en riesgo las propiedades y agitar el caos. La demanda pacífica de reforma y libertad se transformó en un movimiento revolucionario cuyo principal protagonismo residía en la masa social movilizada en paz.
Ningún partido ni fuerza opositora ha mostrado disponer de la hegemonía del movimiento en marcha, lo cual permite concebir la esperanza en un proceso de cambio concertado. Las salvajes pandillas de agitadores que han ido a reventar la pacífica movilización sólo sirven para hacer más evidente la necesidad inmediata de una renuncia del presidente y de un amplio proceso reformista que, mediante una transición pacífica, dé a los egipcios un sistema político libre de corrupciones, abusos y arbitrariedades que hoy son el pan de cada día en las estructuras del poder.
Si los líderes autoritarios de los países del norte de África no asumen el impulso social que anima esta corriente de cambio, el futuro esperanzador puede terminar convirtiéndose en una desgraciada tragedia colectiva. Y la última palabra la tienen tanto los ciudadanos de esos países, como los líderes internacionales que mantienen con su actitud excesivamente prudente la legitimidad intolerable de estos políticos.
Los líderes europeos han dado un paso adelante exigiendo los cambios que demanda la sociedad egipcia. Pero la crisis es más amplia y es más profunda, y su extensión en la geografía política de la región es muy considerable, tanto que exige una implicación mayor y más activa de la comunidad internacional. Negarla sería tan torpe y tan absurdo como en su día lo fue negar la crisis económica y responder desde el primer momento a ella tal y como se debería de haber hecho.