En cuanto a los retornos fiscales, destaca el hecho de que más de una tercera parte de los mismos (el 36% del total), esto es, 1.893,06 millones de euros, provendrían del importe que el Gobierno se ahorraría en prestaciones por desempleo como consecuencia de la generación de empleos.
«Dada la actual situación del mercado de trabajo es lícito suponer que todo aumento de empleo se traduzca en reducción equivalente de desempleo y que, teniendo en cuenta la prestación media por desempleado, el ahorro de las administraciones públicas por desempleo sea así equivalente al 0,20% del PIB, indica el estudio.
De igual forma, el IRPF y el pago de cotizaciones sociales de los empleados supondrían en total una recaudación de otros 1.500 millones de euros.
En cuanto al aumento de la recaudación derivada de los incrementos de las transacciones económicas que genera esta inversión, sobresalen los 1.454 millones de euros (el 28% del total) que provendrían del IVA (al actual tipo del 16%).
Empleo indirecto
En cuanto a la creación de empleo inducido, del total de 63.200 puestos de trabajo calculados, unos 32.000 se generarían en servicios de venta, otros 28.100 en la industria manufacturera y 1.600 más en el sector de la energía.
Los beneficios en cuanto a generación de empleo indirecto alcanzarían incluso al sector de la agricultura, ganadería y pesca, con 466 empleos creados.
El informe de Seopan indica además que estos cálculos de generación de empleo y recaudación serían «mínimos, y que en realidad los impactos de la inversión «se observarían en la práctica totalidad de la economía española, asumiendo que la construcción es una actividad «relativamente poco intensiva en importaciones» y teniendo en cuenta los escenarios temporales de la inversión.
En cuanto a este último punto, señala que a corto plazo esta inversión supone un «tirón de demanda, pero que en el largo plazo supone un aumento de las dotaciones de capital físico (infraestructuras) y el consiguiente aumento de externalidades de infraestructuras sobre los factores de producción privados.
En la actualidad, el Ministerio de Fomento trabaja en el diseño de un plan extraordinario de inversión en infraestructuras para movilizar, junto con la iniciativa privada, unos 15.000 millones de euros en el conjunto de la Legislatura.