La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, presentó, en una multitudinaria rueda de prensa -la primera que da como responsable de Economía y Hacienda-, estas dos iniciativas, que espera que estén en marcha como muy tarde en dos semanas tras su paso por el Consejo de Ministros.
Salgado explicó que, con la crisis, las dificultades que las empresas han tenido para desarrollar su actividad se han visto agravadas por la morosidad de los pagos de las administraciones.
Aunque en el caso del Estado «somos bastante buenos pagadores, dijo, muchas de las reclamaciones empresariales se han dirigido a los ayuntamientos y otras entidades locales, que no podían hacer frente a los pagos debido a la menor recaudación.
El Gobierno pone en marcha por esta razón estas actuaciones que, aseguró la ministra, cuentan con la «aprobación y la satisfacción» de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Comisión Nacional de Administración Local.
El Real Decreto-Ley que se aprueba mañana permite a las entidades locales endeudarse para pagar los remanentes de tesorería que tenían al cierre del año pasado, más las facturas pendientes de pago.
Dicho endeudamiento bancario tendrá un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia, y desde el momento en que los ayuntamientos lo consigan tendrán un plazo de un mes para cancelar las deudas con sus proveedores.
Las entidades locales que quieran acogerse a este endeudamiento deberán concertarlo con la banca en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley y deberán aprobar además un plan de saneamiento financiero que dure lo mismo que su periodo de endeudamiento.
Elena Salgado señaló que hay más de un millar de ayuntamientos que cerraron el año pasado con remanentes de tesorería, aunque reconoció que buena parte de ellos son los consistorios más grandes.
También con el objetivo de subsanar lo antes posible los problemas de liquidez de las empresas y autónomos que arrastran impagos de los ayuntamientos, el Gobierno ha dado ya la orden al Instituto de Crédito Oficial para que ponga en marcha una nueva línea de avales de hasta 3.000 millones de euros.
Mediante esta línea, empresas y autónomos podrán pedir a la banca que les anticipe lo que les deben los ayuntamientos, mediante lo que se conoce como operaciones de descuento, con un tipo de descuento máximo del 5 por ciento, un porcentaje menor del habitual.
El tipo de descuento es el que se otorga cuando una entidad financiera presta a una empresa los cobros que tiene pendientes, de forma que le financia el 95 por ciento y el 5 restante se lo queda como interés, según explicaron fuentes de Economía.
Para garantizar que la línea ICO llegue a autónomos y pymes, se ha establecido un límite por acreedor de 300.000 euros, de forma que las grandes empresas no puedan acaparar los avales.
Como complemento a esta línea de crédito, el Real Decreto de incluye una garantía en caso de que los ayuntamientos no paguen a las empresas las cantidades que ha avalado el ICO.
Así, el Estado podrá recuperar el importe avalado descontando a esa entidad local la cantidad que deba de la participación que le corresponde de los ingresos del Estado.
Elena Salgado expresó su confianza en que estas dos medidas ayuden a aliviar los problemas de liquidez de empresas y autónomos que siguen esperando a cobrar por trabajos ya realizados y a las que, con la crisis, también les cuesta conseguir un crédito.