Para ello, el Gobierno dio luz verde a un anteproyecto de ley que modifica tres leyes: la ley del mercado de valores, la ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
Así, las adquisiciones en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras que igualen o superen el 10% del capital deberán notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para su evaluación.
También se deberán notificar al supervisor correspondiente para su evaluación aquellos casos en que la participación en el capital o los derechos de voto iguale o supere los umbrales del 20%, 30% y 50%.
Actualmente los límites están en el 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 40%, 50%, 66% y 75% para empresas de servicios de inversión y entidades de crédito, mientras que para las entidades aseguradoras, de mediación de seguros y reaseguros el límite hasta ahora se sitúa en el 20%, 33% y 50%.
Asimismo, en el proyecto de ley se introducen nuevos criterios que los supervisores deben tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad del potencial comprador.
Estos criterios serán la honorabilidad y solvencia del adquiriente, la honorabilidad de los futuros administradores de la entidad, la capacidad de la entidad de cumplir con las obligaciones normativas que les resulten exigibles y la existencia de indicios racionales de la realización de operaciones de blanqueo o financiación del terrorismo.
Una vez que se apruebe la nueva norma, el plazo total máximo para que los supervisores finalicen su evaluación y notifiquen la existencia o no de oposición a la adquisición se fijará en sesenta días hábiles y se mantendrá el silencio administrativo positivo.
Además, se reforzará la cooperación entre el supervisor de la entidad adquiriente y el de la adquirida, tanto en España como entre supervisores de los diferentes estados miembros de la Unión Europea.
Para la vicepresidenta, esta norma de «gran calado» equipara el ordenamiento español al europeo e introduce «más transparencia».
«Se trata de aumentar la transparencia en los mercados de valores y de incrementar la cooperación con las autoridades supervisoras, algo fundamental para garantizar la claridad y seguridad de estos procesos de compra», subrayó. El proyecto de ley se ha remitido ahora a las Cortes para su aprobación.