La Diputación Permanente del Congreso ha ratificado este miércoles un séptimo paquete de medidas diseñado para enfrentar las repercusiones de la guerra en Ucrania.
El conjunto de disposiciones, que incluyen la extensión de la supresión del IVA para alimentos esenciales y la implementación de nuevos permisos de cuidados, ha recibido la aprobación con 53 votos a favor, 11 abstenciones y ninguna oposición, a pesar de las críticas contundentes durante el debate.
Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia en funciones, defendió las medidas como «necesarias» y «positivas para nuestro país». Este paquete, recordó, no solo está destinado a mitigar las consecuencias de la guerra, sino también a cumplir con obligaciones de la Unión Europea y hacer ajustes que garanticen la «eficacia» de la política económica.
El coste de las medidas del decreto se estima en 3.800 millones de euros, lo que eleva el total de recursos movilizados para enfrentar el impacto económico de la guerra en Ucrania a 47.000 millones.
La Diputación Permanente del Congreso, presidida por Meritxell Batet, y compuesta por 68 diputados que sustituyen al pleno en periodos inhábiles o cuando la cámara está disuelta, ha sido el encargado de esta aprobación.
Los partidos del Gobierno de coalición han defendido el decreto, argumentando que incluye medidas anticrisis que han demostrado ser efectivas. A esta defensa se han sumado Compromís, PRC y Coalición Canaria, por las medidas de protección social y la ayuda a la isla de La Palma.
El decreto aprobado el 27 de junio incluye la extensión de varias medidas, como la bonificación del transporte público, la eliminación del IVA para los alimentos básicos, la ayuda para el gasóleo y la fijación de un precio máximo para la bombona de butano. También prohíbe los despidos por aumento de los precios de la energía para empresas que reciben ayuda pública, y extiende la suspensión de desalojos para personas vulnerables sin alternativas habitacionales.
Se han previsto nuevos permisos para el cuidado de familiares y se han prorrogado las medidas de apoyo a La Palma en el ámbito laboral, de seguridad social e hipotecario. También se incluye una nueva línea ICO para jóvenes menores de 35 años y deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías.