El partido político ha registrado una proposición de Ley en el Congreso para debatir la actualización de estas prestaciones que piden que sean gestionadas por las Comunidades Autónomas como autoridades competentes en materia de servicios sociales.
La iniciativa persigue erradicar la pobreza infantil en los hogares españoles y para ello propone aumentar de los actuales 28,41 euros de ayuda por hijo menor a cargo y sin discapacidad a 100 euros mensuales.
Asimismo, urge a aumentar el límite de renta de los beneficiarios con derecho a percibirla hasta una cuantía próxima a la renta media por hogar según los datos del INE, que estima en 28.500 euros anuales en familias con 1 hijo y en 37.050 euros en el caso de familias numerosas con tres.
Los límites de renta se incrementarían en un 15 % por cada hijo a partir del segundo y en 4.500 euros por cada uno a cargo a partir del cuarto.
Actualmente para recibir esta prestación las familias deben tener unos ingresos anuales máximos de 12.424 euros.
La prestación para la crianza de los hijos se realizaría en un pago único y en cómputo anual iría desde los 1.200 euros por un hijo menor a cargo hasta los 1.800 euros para familias monoparentales.
Esta ayuda aumentaría para hijos menores y mayores de 18 años afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %, así como por los menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.
En los casos en que el hijo o menor a cargo tenga la condición de persona con discapacidad, las ayudas estarían entre los 4.123 euros anuales, los 18.106 euros y 27.162 euros anuales dependiendo del grado de discapacidad.
«Parece claro y demostrado que las prestaciones por hijo a cargo reducen significativamente la pobreza infantil, especialmente las de carácter universal. Por tanto, la reforma más urgente para reducir la pobreza monetaria en la infancia es la de mejorar esta prestación social», añade la iniciativa de JxCAT, que lamenta que las actuales prestaciones «sean impropias del nivel de renta del país y de su desarrollo democrático».
El partido político considera que esta Ley debería entrar en vigor al año siguiente al de su publicación en el BOE.
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