La Seguridad Social se hunde sin que parezca que nadie pueda hacer nada para solucionarlo. El déficit que registró en 2015 se ha incrementado en 3.000 millones (hasta los 17.000 millones) después de que los ingresos solo hayan crecido un 1,3%, frente al 6,8% que se preveía. El problema es que los nuevos empleos creados en la legislatura del PP apenas han aportado 142 euros al mes de media (1.707 euros al año) a las arcas públicas, casi cuatro veces menos que la media anterior. Además, la cotización media por empleo ha caído de los 5.860 euros en 2013 a los 5.553 en 2015.
Los ‘populares’ han fracasado en su intento por cuadrar las cuentas a través de la fuerte creación de empleo. En los dos últimos años se han creado casi 1,4 millones de puestos de trabajo, desde los 16,7 millones de principios de 2014 a los 18,09 millones con los que se cerró 2015, según datos la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero ese millón largo de empleos solo se ha traducido en 2.231 millones de euros de incremento en la recaudación, de los 98.210 millones de 2013 a los 100.492 de 2015.
El empleo en 2014 y 2015 ha crecido casi un 8%, la recaudación a través de cotizaciones sociales solo ha incrementado un 2,27%
En otras palabras, mientras que el empleo en 2014 y 2015 ha crecido casi un 8%, la recaudación a través de cotizaciones sociales solo ha incrementado un 2,27%, es decir, casi cuatro veces menos.
Además, la recaudación de 2015 podría ser aun inferior porque las cifras no están cerradas. El dato está calculado según los derechos devengados de futuros cobros y no sobre ingresos efectivos, es decir, que son las estimaciones de cobro y no pagos ya realizados. Lo habitual, señalan los expertos, es que la cifra sea inferior ya que un gran número de empresas tienden a desaparecer al tener deudas pendientes.
La pobre recaudación obviamente no se debe solo a la creación de los nuevos empleos, sino también al nivel salarial del resto. La devaluación salarial y la alta creación de empleo temporal han reducido notoriamente las bases de cotización, lo que ha reducido a su vez la cuota final que pagan los trabajadores. Ese efecto, unido a las nuevas regulaciones propuestas por el PP, como la llamada ‘tarifa plana’, han limitado la capacidad recaudadora de la Seguridad Social.
Luces y sombras de las medidas laborales del PP
La gran medida de los conservadores para reducir el paro fue la reforma laboral, junto a la que aprobaron varias normas de rango menor para fortalecer el crecimiento del empleo. A finales de febrero de 2014 el PP aprobaba el Real Decreto Ley 3/2014, para el fomento del empleo y la contratación indefinida, la otra gran propuesta en materia laboral de Mariano Rajoy. La denominada ‘tarifa plana’ tenía el objetivo de fomentar la contratación indefinida. En virtud de ese decreto, las empresas o empleadores podían contratar trabajadores de forma indefinida y ver reducida su factura a la Seguridad Social de manera ostensible.
Las dos grandes medidas ‘populares’ han cumplido con las previsiones que se hacían de ellas, para lo bueno y para lo malo. El lado positivo es que ambas han permitido que en España se haya producido un fuerte incremento del empleo. La introducción de mayor flexibilidad junto con la reducción del pago por cotizaciones sociales, cómo pedían distintos organismos económicos internacionales, han permitido que la mejoría del empleo se haya duplicado sobre lo esperado.
Pero, por otro lado, también se han cumplido las previsiones negativas de ambas medidas: en primer lugar una devaluación salarial y por otro lado una caída de los ingresos de la Seguridad Social. En especial con la ‘tarifa plana’, que para los sueldos más bajos suponía una pérdida de un 43% de los ingresos, mientras que para los salarios más altos podría alcanzar un 87%.
Estado crítico para las pensiones
El progresivo deterioro de las cuentas públicas ha dejado al sistema de la Seguridad Social en estado crítico. El déficit ha crecido sin parar a lo largo de la legislatura popular y ha alcanzado un récord en 2015 de 16.708 millones. Hasta ahora, ese desfase se ha salvado gracias al fondo de reserva, la denominada ‘hucha de las pensiones’, pero ese comodín tiene fecha de caducidad.
Además, la situación podría empeorar a lo largo de 2016. En primer lugar, las estimaciones de ingresos son irreales debido a que están condicionadas a que se cumplieran las de 2015. Se necesitaría un aumento de los ingresos del 16,7% para cuadrar las cuentas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado un aumento de los ingresos como máximo del 3%, es decir, que las cuentas van a quedar muy por debajo de los previsto.
En segundo lugar, el déficit en 2015 podría ser de hasta 18.400 millones, según las previsiones de la Contabilidad Nacional, por la desviación antes descrita. En tercer lugar, la nueva propuesta ‘popular’, la exención de cotizar por los primeros 500 euros para nuevos contratos indefinidos, reducirá los ingresos según sus propias estimaciones en 2.000 millones.
En cuarto lugar, el fondo de la Seguridad Social asumirá el coste del nuevo complemento para las mujeres con dos o más hijos. Por último, el crecimiento de la economía española será menor del previsto y que en 2015, lo cual se traduce en una creación menos fuerte del empleo y menos ingresos.
Futuro incierto
Con todo eso sobre la mesa, la AIReF prevé que en 2018 se agoten los 32.481 millones de la caja de las pensiones. Para hacer frente al problema, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha iniciado un procedimiento para que las pensiones de orfandad y viudedad pasen a pagarse a través de los presupuestos.
Pero eso plantea otros problemas. Las cuentas públicas no salen. España tiene un abultado déficit, superior a los 50.000 millones, de los cuales cerca de 25.000 no pueden reducirse (déficit estructural). Las pensiones de viudedad y orfandad añadirían otros 23.000 millones al desfase. El déficit pactado con Bruselas no podría sobrepasar los 32.000 millones (entre el 2,8% y el 3% del PIB) y debería reducirse a cero en los próximos años. Todo ello conduce a que el Gobierno debería subir los impuestos o crear unos nuevos capaces de generar más de 18.000 millones. Una cifra muy alta, similar a lo que se recaudó por Sociedades en 2015 o por los impuestos especiales, lo que señala la dificultad de conseguirla y el efecto directo sobre la economía. Además, si se pretende subir más las cotizaciones (ya están entre las más altas de toda la OCDE) el crecimiento del empleo puede perder fuerza y con ello agudizarse el problema del paro.