Miguel Urbán se persona como víctima en la Audiencia Nacional por un montaje de la “policía patriótica”
Una maniobra que, según denuncia, formó parte de una guerra sucia desde las cloacas del Estado durante los gobiernos del Partido Popular.
El montaje: 40 kilos de cocaína y una historia sin pies ni cabeza
Entre finales de 2015 y mediados de 2016, Miguel Urbán —entonces eurodiputado por Podemos— fue señalado como responsable de una presunta operación de narcotráfico. El informe, firmado por José Luis Olivera, director del CITCO en aquella época, recogía el testimonio de un supuesto confidente que afirmaba que Urbán había vendido 40 kilos de cocaína en un pub del barrio madrileño de Malasaña con el objetivo de financiar ilegalmente al partido.
Pero la historia no tardó en desmoronarse.
La Fiscalía Antidroga archivó el caso en apenas seis meses, al no encontrar ni una sola prueba. Ni grabaciones, ni testigos creíbles, ni seguimiento, ni autorizaciones judiciales. Nada. Solo un relato, sin fundamento, que no superó el más mínimo filtro judicial.
Una guerra sucia orquestada desde el Estado
Esta acusación forma parte de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, centrada en las actividades de la llamada “policía patriótica”: una trama policial clandestina, ideada desde las altas esferas del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular, cuyo objetivo era desacreditar, atacar y destruir políticamente a adversarios incómodos.
En palabras del propio Miguel Urbán:
“Estamos ante un caso gravísimo de guerra sucia del aparato profundo del Estado. Estas estructuras no solo actuaron al margen de la legalidad, sino que usaron recursos públicos para perseguir a representantes políticos incómodos para el poder.”
¿Quién movía los hilos?
El escrito presentado por Urbán ante la Audiencia señala directamente a dos mandos policiales. Por un lado, José Luis Olivera, exdirector del CITCO, que próximamente se sentará en el banquillo por su implicación en el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Por otro, José Manuel García Catalán, entonces jefe de la UDEF, que ya ha declarado como testigo en el marco de esta causa.
Ambos habrían participado activamente en este montaje, incurriendo —según la denuncia— en posibles delitos de calumnias, falsedad documental y prevaricación. Además, se solicita que se abra una pieza separada para investigar de forma específica esta operación contra Urbán.
Derechos pisoteados, sin juez ni control
Uno de los elementos más graves del caso es que la investigación nunca contó con autorización judicial. No hubo instrucción, ni control, ni garantías. Se vulneraron derechos fundamentales como el honor, la intimidad y las garantías procesales. Todo ello bajo el paraguas de una estructura que, lejos de responder al interés general, operaba al servicio de intereses partidistas y personales.
La causa se amplía: Podemos, el objetivo
Este no es un caso aislado. La investigación abierta ya ha sacado a la luz múltiples operaciones contra Podemos, fabricadas desde los despachos del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz. Montajes, filtraciones, informes falsos... todo valía para minar la credibilidad de una formación política que amenazaba el statu quo tras irrumpir en el Congreso.
Lo que parecía una teoría de la conspiración, poco a poco va tomando forma judicial. Y con nombres y apellidos.
Una batalla más allá del ámbito penal
La personación de Miguel Urbán como víctima no solo busca una reparación personal, sino también dejar constancia de hasta qué punto algunas estructuras del Estado pueden operar al margen de la ley. La denuncia refleja el profundo daño causado, no solo a nivel individual, sino también al funcionamiento democrático.
Porque si alguien puede ser acusado de vender droga sin pruebas y sin juez, simplemente por su militancia política, ¿quién puede sentirse a salvo?
