La Audiencia Nacional no encuentra dinero de Afinsa en Portugal
La documentación recoge las cartas envíadas por 21 entidades bancarias al Departamento Central de Investigación y Acción Penal portugués, con la mediación del Banco de Portugal, y todas ellas concluyen que las sociedades y el directivo de Afinsa, imputado en la causa penal, "no figuran en el listado de clientes".
Pedraz envió el pasado mes de marzo a Portugal una comisión rogatoria en la que solicitaba que se investigaran los depósitos y las operaciones bancarias registradas entre 1998 y mayo de 2006 a nombre de Figueiredo, de nacionalidad portuguesa, de la propia Afinsa y de sus filiales lusas, Afinsa Investimentos, Central de Contas Coleccionables y Polmer Portugal.
Entre estas entidades consultadas se encuentran las filiales portuguesas del Banco Santander, BBVA, Caja Duero, Banco Popular y Caixa Galicia, así como bancos como Barclays, Espirito Santo o PNB Paribas, entre otros. Algunas de las contestaciones corresponden a entidades radicadas en Madeira y las Islas Azores. Díez días después de la intervención judicial de Afinsa del 9 de mayo de 2006, las autoridades judiciales portuguesas congelaron las cuentas localizadas de la filatélica, tras una denuncia de varios bancos lusos por "movimientos anormales". Afinsa tenía cerca de 6.000 clientes en Portugal.
Por otro lado, la Audiencia Nacional sigue a la espera de recibir las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, las Islas Vírgenes y Mónaco en busca de los 1.823 millones de euros depositados por los clientes de Afinsa. Anticorrupción considera que el dinero de Afinsa se encuentra allí depositado, según fuentes de la fiscalía consultadas por Europa Press.
El pasado mes de diciembre, los peritos judiciales españoles que investigan el caso enviaron un escrito al juez en que relataban las dificultades que estaban teniendo para recibir la contestación a dichas comisiones rogatorias.
Este informe motivó que el abogado de la defensa de los antiguos directivos de Afinsa, Javier Gómez de Liaño, anunciara que está estudiando pedir el sobreseimiento de la causa ante la falta de conclusiones, tras más de dos años de instrucción.
Albertino y su sucesor en la presidencia, Juan Antonio Cano, junto con una decena directivos de la filatélica, están imputados por presuntos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental y administración desleal.
