Fin a las renovaciones automáticas: el Gobierno pone coto a las suscripciones fantasma
Se acabó el seguir pagando por servicios olvidados. Esta es, en esencia, la intención que persigue la nueva medida que impulsa el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, que busca proteger al consumidor de renovaciones silenciosas y, en muchos casos, innecesarias.
Aviso previo obligatorio para cancelar la renovación
La nueva normativa obligará a que las empresas informen al consumidor con al menos 15 días de antelación del vencimiento del plazo para cancelar la renovación automática del contrato. Esta comunicación deberá especificar, de forma clara y comprensible, la fecha límite para solicitar la baja y las consecuencias de no hacerlo.
Esta medida afectará, sobre todo, a contratos digitales que suelen suscribirse con apenas un clic y que, a menudo, se renuevan sin que el usuario sea plenamente consciente, como suscripciones a plataformas de entretenimiento, aplicaciones de entrenamiento o servicios online diversos.
Por un consumo más consciente
Desde el Ministerio subrayan que esta modificación normativa pretende garantizar que el consumidor pueda tomar una decisión informada, evitando así lo que califican como "renovaciones sistemáticas de servicios no requeridos".
"Muchos usuarios ni siquiera recuerdan que están suscritos a ciertas aplicaciones. Al no recibir un aviso a tiempo, continúan pagando por algo que ya no usan", indican fuentes del departamento de Consumo.
La falta de transparencia en la renovación de servicios ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones de consumidores en los últimos años, que han denunciado el carácter opaco y automático de muchas suscripciones digitales.
¿A quién afectará?
Esta obligación se aplicará a todas las empresas que ofrezcan contratos renovables de duración determinada, incluidos servicios contratados online o mediante aplicaciones móviles. No será válido el argumento de que el usuario aceptó los términos en el momento de la contratación inicial si no se le vuelve a informar antes de que el contrato se prorrogue.
Con esta medida, el Gobierno busca frenar los abusos y reforzar los derechos de los consumidores en el entorno digital, fomentando un consumo más responsable, informado y alineado con los principios de la Agenda 2030.
