Juan Antonio Roca, condenado a 11 años de prisión
El principal acusado del caso 'Malaya', en el que se ha investigado la corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación, al quedar endebida la condena de un año por un delito de cohecho en la del cohecho continuado.
El fallo de la sentencia, dictada por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha comenzado a leerse a las 11,20 horas de este viernes.
La Fiscalía Anticorrupción pidió 30 años de cárcel para Roca por un delito continuado de blanqueo de capitales, en el ámbito de una organización, de la que era el "jefe", además de por prevaricación, malversación, fraude y cohecho.
Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, estaban acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella.
Marisol Yagüe, Julián Muñoz, Isabel García Marcos, también condenados
La exalcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe, ha sido condenada a seis años de cárcel por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude.
Por su parte, el también exalcalde del municipio Julián Muñoz ha sido considerado culpable de un delito de fraude por el que es condenado a dos años de prisión, además de un delito de prevaricación que conllevaría inhabilitación.
De otro lado, la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos ha sido considerada culpable también de cohecho continuado y alteración de precio de subasta y concurso por lo que se le impone una pena de cuatro años de cárcel.
La causa
La Fiscalía Anticorrupción, pendiente del caso desde el primer momento, acusó finalmente a 86 personas de las 95 iniciales, ya que el fiscal Juan Carlos López Caballero, que se ha encargado de la causa desde el inicio de la investigación y también durante la vista oral, retiró la acusación respecto de nueve personas, entre ellas la hija de Roca. Además, alcanzó un acuerdo con tres procesados.
Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, están acusados en relación con esta trama, procedimiento en el que, además del ministerio fiscal, ejercen la acusación el Ayuntamiento marbellí, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria. Dos de los acusados han fallecido.
El ministerio público pide 30 años de cárcel y 880 millones para Roca, al que acusa de blanqueo de capitales; prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Su defensa mostró su disconformidad con las conclusiones y los delitos por los que se le acusa, incorporando subsidiaramente la aplicación de la atenuante análoga de confesión y la de comportamiento postdelictivo positivo.
Para la exalcaldesa, a la que se le acusa de malversación de caudales, fraude, cohecho, alteración para el precio de concursos y cohecho pasivo para acto injusto, el fiscal pide 16 años de prisión, además de inhabilitación y multa por delito de prevaricación. El también exregidor Julián Muñoz se enfrenta a 10 años por malversación y cohecho, aunque también se le acusa de prevaricación.
Hay varios exediles acusados, como Isabel García Marcos, para la que la acusación pública pide 12 años de prisión por cohecho, malversación y alteración de precios de concursos; o Tomás Reñones que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por los mismos tipos delictivos que Julián Muñoz. Para el exedil Pedro Román se pide 21 años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo.
En cuanto a los empresarios, por ejemplo a los responsables de Aifos, Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, se les solicita siete años de prisión a cada uno por fraude y cohecho; al constructor José Ávila Rojas --que también vendrá conducido de prisión pero por otra causa--, 10 años de cárcel por cohecho y blanqueo; y a Rafael Gómez, 'Sandokan', 18 meses por cohecho.
La investigación
Para las acusaciones, Roca amasó un patrimonio "muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Consistorio, mientras la defensa del presunto cerebro de esta trama sostuvo que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.
La Fiscalía consideró que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado, nunca hubo ocultamiento por parte de su cliente y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales".
Sostuvo el fiscal que Roca dirigía "totalmente el Ayuntamiento" y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del Plan General.
Roca admitió que pagó, pero a los portavoces del equipo de gobierno --Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA-- y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo negaron en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, validó parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca, JM no es Julián Muñoz.
Prácticamente todas las defensas criticaron, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se había producido violación de derechos fundamentales. Así, pidieron la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera, que se practicaron a lo largo de la investigación.
