El apagón del 28-A destapa las grietas del sistema eléctrico español
El apagón eléctrico que dejó sin suministro a buena parte de la península ibérica el pasado 28 de abril ha terminado por encender también las tensiones institucionales. Casi dos meses después del suceso, las investigaciones revelan un fallo estructural en el control dinámico de tensión del sistema, pero el reparto de responsabilidades ha abierto un debate técnico y político que aún no se resuelve.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, con competencias directas en materia energética, se apunta a un “origen multifactorial” en el colapso, con una oscilación anómala de tensión en una planta peninsular como desencadenante. Sin embargo, el Gobierno evita señalar culpables concretos, aunque no duda en apuntar a una posible “falta de planificación por parte de Red Eléctrica” y, a su vez, a una “respuesta inadecuada por parte de las centrales eléctricas”.
Un problema técnico… sin culpable claro
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, ha explicado que el sistema no contaba en ese momento con suficiente capacidad para gestionar la tensión eléctrica. Esto se pudo deber, según afirmó, a que no se programaron suficientes grupos generadores —lo que implicaría responsabilidad de Red Eléctrica— o a que las centrales disponibles no cumplieron su función como respaldo —lo que señalaría a las compañías eléctricas—, o a ambas causas al mismo tiempo.
En paralelo, el informe elaborado por un comité técnico designado por el Ejecutivo corrobora la versión de Groizard: hubo una reacción en cadena de desconexiones por exceso de tensión, y muchos de los grupos generadores que debían absorber esa energía no lo hicieron, a pesar de estar retribuidos por ello.
Respuesta de las eléctricas
Desde Aelec, la patronal que agrupa a compañías como Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy, aseguran que cumplieron con sus obligaciones y que el problema radicó en la mala previsión del operador del sistema, es decir, Red Eléctrica. Señalan que el número de centrales síncronas activadas ese día era el más bajo del año y que, en un contexto de alta generación renovable, se sacrificó estabilidad por eficiencia.
Según estas empresas, si Red Eléctrica hubiera activado más centrales con capacidad para estabilizar la tensión, el colapso habría sido evitable. De hecho, señalan que incluso tras la caída de una planta programada, no se sustituyó por otra, lo que debilitó aún más la respuesta del sistema en caso de emergencia.
Red Eléctrica se defiende
Por su parte, Red Eléctrica también ha presentado su propio informe y apunta en otra dirección: si las centrales que tenían obligación de controlar la tensión hubieran actuado correctamente, el apagón no habría ocurrido. Según sus datos, hubo anomalías técnicas en varias plantas generadoras, incluida una instalación fotovoltaica en Badajoz, que desencadenó oscilaciones anómalas. El informe también apunta a disparos incorrectos en otras centrales que aumentaron el efecto en cascada.
La compañía subraya que su programación era técnicamente suficiente y que el fallo fue de ejecución por parte de algunas instalaciones que no respondieron como debían.
Una reforma a contrarreloj
Mientras las partes implicadas cruzan reproches, el Gobierno ya prepara un decreto para reforzar la seguridad del sistema eléctrico, que incluiría medidas sobre planificación, controles técnicos y sanciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también tomará parte en la investigación, que podría derivar en multas millonarias y nuevas exigencias regulatorias.
Este episodio ha revelado una vulnerabilidad crítica: la estabilidad no depende sólo de tener generación suficiente, sino de cómo y cuándo se gestiona.
