“Dignidad y Justicia planta al Congreso por homenajear a las víctimas junto a Bildu: ‘Es un insulto a nuestros muertos’”
Con un tono contundente, casi dolorido, pero sin titubeos, Dignidad y Justicia (DyJ) ha hecho pública su decisión de no asistir al acto en el Congreso de los Diputados previsto para el 27 de junio en homenaje a las víctimas del terrorismo. En un comunicado difundido con claridad meridiana, la asociación presidida por Daniel Portero explica que “no formarán parte de actos promovidos por un Gobierno que mantiene pactos con aquellos que jamás han condenado el terrorismo de ETA”.
“Nunca estaremos en homenajes promovidos por gobiernos que se asocian a quienes asesinaron a nuestros familiares”.
Estas palabras no son fruto de un arrebato ni de una estrategia política. Son, como tantas veces en este ámbito, la expresión de un dolor crónico convertido en activismo, una consecuencia directa de lo que perciben como una “traición institucional” por parte de Pedro Sánchez.
El trasfondo: EH Bildu, pactos y heridas abiertas
No es la primera vez que las asociaciones de víctimas del terrorismo cuestionan la presencia institucional de EH Bildu. Lo que marca la diferencia esta vez es la decisión inequívoca de boicotear un homenaje, un gesto simbólico cargado de intencionalidad y que interpela directamente al Ejecutivo.
Desde DyJ no se andan con eufemismos: “El mejor homenaje que este Gobierno puede hacer a las víctimas es romper sus acuerdos con Bildu”.
La frase, corta y demoledora, concentra el núcleo del conflicto. ¿Puede el Estado rendir homenaje a las víctimas del terrorismo mientras mantiene alianzas políticas con una formación que incluye en sus listas a condenados por colaborar con ETA?
¿Un acto solemne o un “blanqueo político”?
La crítica de DyJ va más allá de lo simbólico. Consideran que el acto convocado por el Congreso “solo pretende blanquear el pacto cobarde de Pedro Sánchez con los seguidores de los terroristas”. En su visión, este tipo de ceremonias, cuando se desarrollan en un contexto de acuerdos parlamentarios con Bildu, pierden legitimidad moral.
Este tipo de denuncias no son nuevas, pero su reiteración por parte de colectivos como DyJ las dota de un significado más profundo. Estamos ante una fractura moral entre parte del tejido institucional y una de las voces más firmes del movimiento memorialista en España.
Daniel Portero: la voz del hijo, del jurista, del activista
El liderazgo de Daniel Portero, ingeniero , diputado del PP y presidente de Dignidad y Justicia, ha sido determinante para que esta posición de ruptura se materialice. Su historia personal —su padre, el fiscal jefe de Andalucía, fue asesinado por ETA en 2000— aporta a sus declaraciones una legitimidad emocional incontestable.
Portero ha sido una de las voces más firmes en la exigencia de que Bildu se desvincule del legado de ETA de forma clara y sin ambigüedades. También ha denunciado en reiteradas ocasiones la inacción judicial frente a los homenajes a etarras, así como la inclusión de expresos de ETA en las listas electorales.
Una grieta institucional que no cicatriza
La decisión de Dignidad y Justicia no es un simple desplante. Representa una grieta profunda en la relación entre las asociaciones de víctimas y el actual Gobierno. Una fisura que no deja de ensancharse cada vez que se visualiza una cercanía entre el Ejecutivo y EH Bildu.
Para las víctimas y sus familias, cada gesto institucional tiene un valor incalculable. El reconocimiento, la memoria, la justicia… todo ello conforma un relato que no es solo legal, sino emocional. Por eso, el contexto importa tanto como el contenido.
Las víctimas del terrorismo: entre el homenaje y la instrumentalización
En los últimos años, hemos asistido a una instrumentalización creciente del relato de las víctimas del terrorismo. Cada formación política parece utilizar la memoria de los asesinados como argumento electoral. Esta politización, denunciada tanto por DyJ como por otras asociaciones, diluye el mensaje de justicia y dignidad que debería estar en el centro del debate.
Desde DyJ, la consigna es clara: no hay homenaje posible mientras no haya una ruptura real con quienes jamás han condenado el horror etarra.
¿Y las demás asociaciones? Entre el silencio y la incomodidad
Aunque DyJ ha sido la primera en rechazar públicamente el acto del 27 de junio, otras asociaciones como la AVT o Covite mantienen un perfil bajo, sin confirmar aún su asistencia o rechazo. Este silencio puede interpretarse como una muestra de incomodidad, atrapadas entre la voluntad de honrar a las víctimas y la necesidad de no legitimar ciertos pactos políticos.
El comunicado de DyJ ha colocado a estas entidades frente a una encrucijada: ¿se puede asistir a un acto institucional que parte del colectivo de víctimas considera ilegítimo?
El contexto político: investidura, pactos y memoria
La legislatura actual, nacida del apoyo parlamentario de EH Bildu al PSOE y otras formaciones de izquierda, ha estado marcada por acusaciones de cesión ante quienes no han roto definitivamente con el legado de ETA.
El comunicado de Dignidad y Justicia no nace en el vacío. Es una respuesta directa a esa política de alianzas que, en su visión, “insulta la memoria de nuestros muertos”.
Un homenaje sin todos
El próximo 27 de junio, el Congreso acogerá un acto solemne en honor a las víctimas del terrorismo. Pero no será un homenaje unánime. La ausencia de Dignidad y Justicia, explicada con argumentos éticos, morales y políticos, pondrá en evidencia una fractura que la retórica institucional no puede tapar.
Porque para muchas familias, la memoria no es un evento anual. Es una herida abierta, una silla vacía cada día. Y esa memoria, para ser justa, no puede ser cómplice del olvido ni del cinismo político.
