A las 16:30 de esta tarde ha arrancado esta convocatoria a través de una plataforma virtual en la que por primera vez en sus 121 años de Historia todos los socios de la Sgae -120.000- pueden votar. Aunque finalmente solo han sido alrededor de 800, según ha informado la Sgae.
El presidente de la Sgae, Antonio Onetti, flanqueado por algunos altos directivos de la entidad, ha arrancado la asamblea a través de videoconferencia desde la sede del Palacio de Longoria de Madrid. Y, según ha informado Manuel Patacho, socio de la Sgae y portavoz de la plataforma Coalición Autoral, el presidente de la entidad, Antonio Onetti, ha arrancado la asamblea general con un minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos por la Covid-19.
Durante esta sesión los socios que quieran participar en el debate de cada punto tendrán que hacerlo por teléfono, para lo que la entidad ha habilitado un número nacional y otro internacional.
Según Patacho, la asamblea está siendo «muy fría»: «se proyectan vídeos exponiendo cada punto del orden del día y se recibe algún llamada, salvo en el punto 3 sobre la gestión, en el que Rafa Aguilar de la editorial Peermusic ha pedido que se vote no. El resto es Onetti contando lo importante que es votar si a todo, incluida la gestión de Hevia y Pilar Jurado»
¿Y qué votan los socios? Pues según consta en el orden del día, cabe destacar algunos: las cuentas y el informe de gestión del pasado ejercicio y los cambios estatutarios y de reglamento exigidos por el Gobierno y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac).
En concreto, las modificaciones estatutarias tienen como objetivo, según explican desde la Sgae, dotar al socio de una mayor flexibilidad en la gestión de sus derechos y en la concesión de licencias para el uso no comercial de sus obras.
También buscan fomentar la igualdad de condiciones de los socios con independencia del volumen administrado de sus obras; ampliar el poder de la asamblea general en la toma de decisiones respecto a la junta directiva y aumentar la eficacia en el reparto de derechos y el control de los recursos económicos de la entidad.
Por su parte, los cambios en el reglamento interno de la entidad requeridos por la Cisac, que son el segundo punto del orden del día, hacen referencia a conseguir por parte de la entidad española una «gestión ágil, eficiente y trazable de los conciertos de música de pequeño formato», así como una «mayor equidad y mejor equilibrio en la distribución y reparto de la música en la televisión, optimizando la trazabilidad entre la recaudación y sus derechos repartidos».
Según han explicado fuentes de la Sgae, la votación de cada punto del orden del día se abrirá una hora después del final de la asamblea y se mantendrá abierta hasta las diez de la mañana del día siguiente. Así los resultados se conocerán a lo largo de la jornada del viernes, aunque si la asamblea se alarga los resultados podrían darse a conocer el sábado.
La celebración de esta asamblea general llega después de que ayer la Sgae viviera un día judicial frenético, porque a punto estuvo de no celebrarse después de que por la mañana el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid acordara en un auto la suspensión cautelar de la asamblea general que la Sgae. Una decisión judicial que por la tarde cambió, ya que el mismo juez emitió otra resolución judicial en la que finalmente sí autorizaba su celebración.
En concreto, este conflicto arrancó el pasado 24 de julio cuando este Juzgado recibió una solicitud de medidas cautelares previa a la presentación de una demanda de «protección de derechos fundamentales» para la suspensión de la asamblea general de la Sgae e interpuesta por Inmaculada Serrano Oñate (miembro del Colegio de Pequeño Derecho) y otros 19 miembros de la sociedad.
Estos socios, según el informe judicial, entendían que no se debía celebrar de forma telemática, ya que consideraban que se podía llevar a cabo de manera presencial al no estar vigente ya el estado de alarma.
Sin embargo, Sánchez Beltrán, tras recibir un escrito de la Sgae, aseveró en el segundo auto que «la versión» de los demandantes «no se ajustaba a la realidad de los hechos», y dejó sin efecto las medidas cautelares que el mismo había acordado.
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