Una de las consecuencias de la crisis financiera que estamos superando a estas alturas, cuando ha transcurrido más de un año de la quiebra de Lehman Brothers, es la generalización de la idea de que un banco nunca puede quebrar: siempre habrá un Estado dispuesto a sacar las castañas del fuego. Curiosamente, esta doctrina empezó a incubarse en los días previos a la quiebra del banco de inversión estadounidense. Todavía a estas alturas se sigue discutiendo si estuvieron acertados la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense dejando caer al poderoso banco de inversión. Al final se le dejó caer pero el pánico potencial que se adueñó de los dirigentes financieros llevó a extender su manto protector por todo el sistema, sin distinguir entre buenos y malos.
La consecuencia es que la crisis subsiguiente ha puesto de relieve muchos rotos en el sector, pero mucha indulgencia con los bancos ineficientes. Y de paso también con los que han hecho trampas por el camino. Hay una sensación generalizada de que la crisis financiera ya se ha superado, pero también hay gente ilustre que cree que se ha desaprovechado la ocasión para poner los cimientos de un sistema mejor vacunado ante la incompetencia y las males artes de algunos profesionales del sector financiero, que siguen operando con el mismo grado de impunidad que hace dos años, aunque de momento guarden las formas.
Pocos considerarían a estas alturas que en cualquier país desarrollado no sobran una buena porción de bancos y entidades financieras, cuya supervivencia está justificada sólo por el hecho de que el Estado benefactor ha extendido una amplia cobertura de seguridad sobre todo el sistema. En una situación de competencia salvaje y escasos miramientos por los temidos efectos en cadena que pueda provocar una crisis financiera, en estos momentos bien podría desaparecer una tercera parte de las instituciones financieras de los países desarrollados, incluida España. No hay más que escuchar, en nuestro caso, esas previsiones que hablan del proceso de fusiones bancarias que necesita el país y que en estos momentos se está centrando de modo casi exclusivo en las cajas de ahorros. A pesar de lo sano que parecía el sector financiero español, lo cierto es que estamos asistiendo a una limpieza del sector que puede acabar por borrar del mapa a un tercio de las entidades existentes en la actualidad, limpieza de la que no se van a librar los bancos privados.
Pero los problemas que causaron la crisis de Lehman Brothers tienen, sin embargo, poco que ver con la situación específica del mercado español, en el que simplemente ocurre algo que ya se había experimentado tiempos atrás pero que en esta crisis ha adquirido dimensiones muy superiores: una crisis económica genera tasas altas de morosidad a las que hay que hacer frente con un adecuado nivel de capital y reservas. Inevitablemente, unos las tienen pero otros carecen de ellas en la medida suficiente.
Algo de esto, y también se supone que algunos de los problemas que salieron a relucir con ocasión de las conductas de los banqueros de inversión en los últimos años así como de los gestores de algunos fondos de inversión fuertemente apalancados (que, en todo caso, gozaron de la complicidad de los bancos que los financiaron), está tratando ahora de sacar adelante la autoridad financiera mundial, que se reúne en torno al Banco Internacional de Pagos de Basilea.
Este jueves, el llamado Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha emitido una primera declaración sobre las medidas que considera necesarias para fortalecer al sector financiero mundial (en concreto, los bancos de tipo global o que tienen capacidad para generar riesgos sistémicos, es decir, bancos grandes con capacidad de causar trastornos de ámbito amplio), medidas que se centran sobre todo en reforzar el capital y la liquidez para hacer que los bancos sean en el futuro más resistentes a las crisis. Ya se conoce la posición de los bancos españoles al respecto, algo escépticos en la idea de exigir más capital cuando el problema, a su juicio, está en reforzar la capacidad para medir los riesgos, que es lo que causó principalmente la crisis de la que estamos saliendo.
La aplicación de estas normas parece que se realizará en plazos inferiores a los previstos, de modo que para finales del año 2012 deberían estar listas las nuevas medidas. No es una buena noticia para la banca española, que podría pagar los platos rotos de un asunto que ni ha provocado ni en el cual ha participado activamente. Pero la factura la van a pagar también los clientes de los bancos, que se verán privado de las facilidades existentes antes de acceso al crédito, lo que, por esa manía indiscriminada de tratar a todos por igual, perjudicará no sólo a los malos sino también a los buenos.
Primo González