El Juzgado de lo Social Número 4 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha emitido una sentencia condenatoria que obliga a indemnizar con 90.000 euros a una agente de policía debido al acoso laboral que sufrió por parte de su superior directo y de un subordinado. Esta situación llevó a su degradación en sus funciones.
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En la sentencia, el juez respalda la demanda presentada por la mujer, representada por Juan Antonio Frago, fiscal excedente y socio de Frago&Suarez Abogados Penalistas, sosteniendo que se vulneraron sus derechos fundamentales a la integridad física y moral, así como a la igualdad y no discriminación por razón de género, debido al «acoso laboral continuado» que sufrió. Además, señala que la administración demandada, en este caso, el Cuerpo Nacional de Policía, «falló claramente» en su deber de evitar que la agente quedara expuesta a esta situación de acoso laboral. Por lo tanto, la sentencia condena conjunta y solidariamente a los tres involucrados a pagar la indemnización establecida.
El conflicto comenzó cuando la agente asumió el puesto de jefe de grupo operativo en la oficina de expedición de DNI y Pasaporte de Tuineje, Fuerteventura, relevando a un compañero de nivel inferior que previamente ocupaba las funciones de responsable. Los problemas surgieron en la segunda mitad de 2020, cuando el compañero se quejó de que ella «expedía poco» y asumía menos carga de trabajo que él y otra colega. Esto llevó a cambios en sus roles y responsabilidades.
La situación se complicó con correos electrónicos y llamadas telefónicas entre la agente y su superior, donde se discutían objetivos y problemas en la Unidad de Extranjería y Documentación (UED). Finalmente, en junio de 2021, el compañero llamó al secretario general de Puerto del Rosario «llorando», alegando motivos laborales y terminó de baja por «trastorno de ansiedad generalizada«.
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A su regreso al trabajo, expresó su ansiedad por tener que trabajar nuevamente con la agente y fue degradada en sus funciones. Posteriormente, ella también se cogió bajas por problemas de salud mental.
El juez concluye que la agente fue degradada en sus funciones y que la situación de acoso comenzó desde un empleado de rango inferior a ella, continuando después de su baja médica. Asimismo, destaca la perspectiva de género en el caso, ya que la víctima es una mujer y los acosadores son hombres, considerando que el cuerpo policial sigue siendo mayoritariamente masculino.