lunes, diciembre 5, 2022

Las defensas de los acusados de matar a Javier Ardines niegan su implicación

La defensa de Pedro N.A., acusado de ser el inductor del asesinato por celos tras descubrir que su mujer le engañaba con el concejal, pide su absolución al sostener que no tuvo intervención «directa ni indirecta» en la muerte violenta del edil porque «ni planeó ni concertó con terceras personas» la ejecución de un plan preconcebido para acabar con la vida de Ardines.

Su defensa mantiene que «personas desconocidas» mataron al edil cerca de su casa en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, donde, según su versión, solo se encontraron restos biológicos de la víctima y de una mujer con la que Ardines mantendría supuestamente una relación sentimental, apunta el escrito.

En dicho escrito ni siquiera se nombra a la esposa de Pedro N.A., Katia, prima de la mujer del edil asesinado, quien, según la Fiscalía y la acusación particular, está en el centro del móvil del crimen por haber mantenido presuntamente una relación extraconyugal con Ardines desde la adolescencia y que duró 30 años.

Las defensas de los otros tres acusados, Djilali B. , Maamar K. -acusados de ser los autores materiales del asesinato a cambio de dinero-, y Jesús M. -señalado como el presunto intermediario- mantienen una línea similar y también piden su absolución al incidir en su falta de pruebas.

Frente a ello, las acusaciones, que piden una pena individual de 25 años de prisión para cada uno de los acusados, mantienen que Pedro N.A., amigo personal del edil, urdió el plan para acabar con la vida de Ardines después de descubrir, en diciembre de 2017, que mantenía una relación con su mujer, a su vez prima segunda de la esposa del concejal.

Fue en julio de 2018 cuando Pedro N.A., residente en Vizcaya, tomó la decisión de ejecutar su plan sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines, y para ello contactó con Jesús M. para que le buscase a personas que pudieran actuar como sicarios a cambio de dinero.

Uno de ellos, Djilali B. declaró ante la jueza que él y su compatriota argelino Maamar K. cobraron 25.000 euros cada uno, mientras que el mediador recibió 10.000.

Tras estudiar los movimientos rutinarios del concejal, los sicarios se desplazaron a Belmonte de Pría para ejecutar el crimen y, tras un primer intento fallido en la madrugada del 1 de agosto, ambos lo intentaron por segunda vez dos semanas después.

Según las acusaciones, en la madrugada del 16 de agosto los sicarios colocaron dos vallas de obra para impedir el paso del vehículo de Javier Ardines y cuando este se bajó para retirarlas, ambos le atacaron primero con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un palo o un bate de béisbol y le estrangularon hasta matarlo. EFE

 

A.M.

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