La jueza decana de Burgos, Blanca Subiñas, como encargada del caso, ha atribuido la tardanza a la complejidad del procedimiento, que señaló el propio finado en su testamento, porque se acogió al artículo 749 del Código Civil, sin que a la magistrada le conste precedente alguno en este sentido.
Tres cuartas partes de la herencia estaban destinadas a la Iglesia, las Hermanitas de los Pobres y obras piadosas, que ya recibieron su parte pocos años después del fallecimiento.
Sin embargo, el 25 por ciento restante, se ha tenido que gestionar mediante una junta calificadora, un instrumento recogido en el Código Civil pero “muy inusual”, ha explicado Subiñas.
Además, parte de la herencia eran dos viviendas ocupadas en régimen de alquiler antiguo, por lo que se ha tardado tiempo en poder venderlas para convertirlas en dinero.
A esta complejidad se ha sumado que el expediente fue uno de los que se quemó en el incendio que sufrió la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2005, que comenzó por el Decanato, donde se encontraba esa documentación.
Finalmente, la junta calificadora, que forman Subiñas, el alcalde de la ciudad y el párroco de la parroquia de San Gil, a la que pertenecía el difunto abogado, ha repartido este martes los 90.000 euros de la herencia a quienes atienden a los pobres de Burgos, que ha concretado en Cáritas Diocesana, la Fundación Lesmes, el Banco de Alimentos y la Fundación Proyecto Hombre.
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