Durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, Fernández Marugán ha lamentado que en los últimos ocho años un total de 41 menores han sido asesinados por las parejas o exparejas de sus madres.
«El sistema de protección a las madres debe ser adaptado a las necesidades específicas de los menores para que se les pueda garantizar una protección efectiva», ha subrayado el Defensor.
Tras apuntar que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia incorpora algunas recomendaciones de la Institución, como la retirada de la patria potestad a los padres condenados por el asesinato de la madre, o el derecho de los menores victimas a ser oídos, ha instado a administraciones, instituciones y sociedad civil a continuar trabajando para proteger a los menores.
Además, el Defensor ha explicado que para mejorar la protección de las mujeres es imprescindible garantizar una asignación adecuada y suficiente de recursos, facilitar su acceso a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones en todo el territorio y fortalecer las medidas de prevención y de lucha contra la violencia que afecta a las víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres inmigrantes.
En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Institución en la fase de detección y emergencia, el Defensor ha destacado que todas ellas se han centrado en la mejora del sistema VioGen, para que incremente su capacidad de detección de riesgos, en especial los de mayor gravedad y los que puedan afectar a menores.
También ha incidido en la necesidad de que se acabe con la doble victimización de las mujeres y asegurar un tratamiento respetuoso a las víctimas durante los procesos judiciales, potenciar la integración social de las mujeres maltratadas y su acceso a los centros de información y atención y fomentar la educación, sensibilización y concienciación contra la violencia de género. EFE
A.M.