Los costes de la transición no se explicaron bien, dice una parte, ahora asustada, del independentismo. No se explicaron bien, simplemente, porque no podían explicarse. Los costes de transición no eran y no son otros que un estado fallido, endeudado y cosido a impuestos, tasas y recortes.

El abanico de cómplices es abundante. No pocos economistas acompañaron con cifras imposibles y mantras inexplicables el discurso oficial. Aún ahora, un afamado profesor de una escuela de negocios ha llegado a escribir ”se quedan los que producen, exportan y venden, se van los burócratas que ni producen, ni exportan, ni venden”.

No me importa mucho si el tal profesor considera burócratas que no crean valor a los directivos bancarios o los de las empresas de cava o hasta los vendedores de lotería.

Lo que importa es lo que une a este profesor, al vicepresidente económico de Catalunya, a muchos economistas de la institución y a muchos responsables independentistas: la banalización de los costes de un "procés" independentista que conduce a un estado fallido está llena de cinismo y la pagarán los trabajadores y trabajadoras de Cataluña.

El turismo, una industria en Barcelona que se paraliza. El inmobiliario que se detiene, los capitales que salen. La incertidumbre se acaba traduciendo en empleo. El problema, lo dicen las experiencias similares, es que la certidumbre no regresa con la misma facilidad con la que se generó la incertidumbre.

La banalización de los costes de un "procés" independentista que conduce a un estado fallido está llena de cinismo, y la pagarán los trabajadores y trabajadoras de Cataluña.

Dicen que el ala liberal de la vieja convergencia entró en pánico cuando La Caixa o El Sabadell empezaron a cambiar su sede, no por cánticos de Madrid sino por una fuga de capitales soberbia. Mi temor es lo que no se ve, no se mira y no se oye, tras las pantallas de las setecientas empresas fugadas: el porvenir de sus trabajadores y trabajadoras; el riesgo de la protección social, la insostenibilidad de sus pensiones.

Toda España, incluida Catalunya, ha sufrido una severa crisis de la que no se ha recuperado. Los recortes sociales subsiguientes han sido elevadísimos en todos los sitios. También donde Mas gobernaba, viajando en helicóptero a un parlamento asediado por la indignación, pactando presupuestos con el PP y enredando para retrasar lo que se pudiera lo del “tres per cent”.

No; los costes no se han explicado porque no pueden explicarse. Los costes de lo que ya ha ocurrido son incalculables.

La fractura y el evidente enfrentamiento social no se resolverá en años. No: no habrá aeropuertos atascados con población marchándose pero si deseos de hacerlo. La felicidad con la que se preparan aprobados generales en las Universidades se pagará en un inevitable falta de respeto a la formación.

Tras la fuga de entidades y capitales sociales, irán capitales privados y, tras todos ellos, más temprano que tarde el empleo. Los datos de afiliación de meses atrás ya apuntaban a la paralización de aumento de empleo.

Tras las vacilaciones y silencios de la izquierda realmente existente, que cada vez parece menos izquierda, quedará durante mucho tiempo la ausencia de propuesta política que beneficiará a la derecha en cualquiera de sus formas.

No me gusta que la gente entre en la cárcel. Tampoco esos trescientos sindicalistas procesados por los que no escuché ni vi manifestarse a casi nadie. Ni aquellos condenados por asediar el Parlament para los que los nacionalistas pidieron y obtuvieron prisión, para satisfacción del portavoz de Convergencia, antes de ser inhabilitado.

Pero claro, no es lo mismo bloquear el coche de Artur Mas que bloquear un coche de la Guardia Civil. Lo entiendo; lo que cuesta entender es el cinismo, la banalización y la mentira de una arcadia que camina a estado fallido si nada lo remedia.