La cadena de ataques especulativos sobre la deuda pública de los países europeos ha resultado ser la consecuencia inmediata de la reactivación anímica de los expertos en ingeniería financiera, tan proclives ellos a la especulación y a los grandes beneficios en los mercados aun a costa de la desarticulación orgánica y política de los Estados. Aquellos que temieron ser sorprendidos por los estallidos de las burbujas, tal y como les sucedía a las bailarinas de Freixenet en los legendarios spots televisivos navideños, han terminado por sujetar con sus dos manos la botella de las economías nacionales para evitar que el crecimiento, el desarrollo y la política social se derramen obstaculizando su particular caza de beneficios.
Ha llegado la hora del ajuste. Cuando el presidente enumeró las medidas adelgazadoras de la política social enfocó directamente sobre los ciudadanos la responsabilidad de contribuir a frenar el hundimiento del Estado. Esto es un hecho habitual. Ya pasó con el Prestige, que mientras los prebostes del Gobierno del PP se hacían cruces para eludir la responsabilidad, los ciudadanos de toda España se remangaban y agachaban para eliminar el chapapote con sus propias manos. Y suele pasar cuando se anuncian las crisis: que aprietan los cinturones de los más débiles, que, al fin y al cabo, son los más desprotegidos contra las ofensivas de los poderosos.
Los empleados públicos no son una casta exclusiva y chic de nuestra sociedad. Ni una corte de glamurosos que paladean las mieles del privilegio. Más bien, en su inmensa mayoría son trabajadores que desarrollan funciones básicas en la articulación de nuestra sociedad, además de soportar la inquina de quienes los denigran y de ser una frontera entre quienes se relamen imaginando una privatización de servicios que reduzca aún más el papel de lo público en nuestra sociedad y los ciudadanos que precisan de una atención del Estado acorde con parámetros de igualdad, justicia y eficacia.
Así que su contribución para frenar las consecuencias provocadas por los que corroen nuestras estructuras económicas es muy de agradecer. La derecha se rasga las vestiduras con la congelación de las pensiones pero no dice nada de los funcionarios. Es evidente su electoralismo. Y además incluyen en el catálogo de sus medidas la reducción de la financiación de los partidos y de los sindicatos. En fin, para que más. La derecha española no confía en el Estado y aprovecha un resquicio de su oportunismo electoralista para desmontar los instrumentos de participación democrática de la España constitucional en un pispás.
Sin sindicatos fuertes, sin partidos políticos fuertes, sin estructura del Estado fuerte, el neoliberalismo más conservador de Europa camparía por los predios españoles con el mismo entusiasmo con el que Aznar corría en tiempo más que récord por los circuitos de Washington ante los ojos perplejos del siempre recordado Bush. De la crisis les gustaría sacar –una vez más– una reducción enfermiza de la regulación del tráfico de capitales, de los impuestos con los que financiar servicios básicos de la comunidad y de los derechos laborales de aquellos que con su trabajo alienante permiten la ociosidad de los amos.
Para el PP, mediante sus propuestas, el ajuste es una oportunidad para reducir el papel del Gobierno y aumentar el tamaño de la mano invisible del mercado que ya casi en términos de manaza golpea con fuerza los resortes más importantes del Estado de Bienestar. Si a eso añadimos el curioso proceso de deconstrucción de nuestro sistema judicial en virtud de los intereses que maneja con soltura de galgo el ex ministro, diputado y capitán auditor Trillo, tendremos un mapa de la crisis más que preciso.
Sindicatos y trabajadores, ciudadanos en general, no es que debieran proporcionar el tamaño de la respuesta a la política del Gobierno, es que deberían sopesar el efecto debilitante de una reacción exagerada que diera como resultado un Gobierno del partido que detesta un sistema político con sindicatos de trabajadores.
Ni más, ni menos.
Rafael García Rico