La Alta Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades peruanas esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza en el develamiento de un montín en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro y la muerte de nueve reclusos, el 27 de abril último.
Jan Jara, a cargo de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionado de la ONU para los DD.HH, señaló que su oficina ha recibido “información alarmante” sobre actos de violencia, motines y otras situaciones de inseguridad en varias cárceles del Perú. En particular, hizo referencia a lo ocurrido en el penal Miguel Castro el 27 de abril, que tuvo el saldo de nueve muertos y múltiples heridos, incluso internos, agentes penitenciarios y efectivos policiales.
Tras el fallecimiento del interno Carlos Garfías Galindo con síntomas del coronavirus SARS-CoV2, sin que retirara el cadáver, un número no determinados de internos del penal Miguel Castro, que alberga a más de 5,540 reclusos, salieron a la rotonda del centro penitenciario y tomaron los techos en demanda de atención médica para los enfermos con COVID-19.
En las siguientes horas, difundieron a la prensa videos grabados con celulares por los reclusos en los que pedía que no los dejen morir dentro del penal, convertido en un foco de propagación de la enfermedad. Los celulares no están permitidos en la población penal, pero los reclusos se las agencias para tenerlos y desde allí se comunican con sus familiares, entre otros.
Muertos por perdigones
Lo que sucedió ese mismo día por la tarde es confuso. Los reclusos habrían quemado colchones y, según la autoridad penitenciaria, preparaban una fuga masiva. El INPE no ha precisado ni dado ningún detalle de cómo y por qué área del penal sería la fuga. Lo que se ha reportado es que agentes de seguridad, policías y militares ingresaron a los pabellones de los reclusos para poner orden.
La madrugada del 29 de abril, la fiscalía fue llamada para el levantamiento de ocho cuerpos, y por la mañana, de un noveno cuerpo, de reclusos que habría muerto durante el develamiento del motín. La República recogió información de que los nueve reclusos murieron por impactos de perdigones de metal en diferentes partes del cuerpo.
Fuentes de este diario en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público confirmaron que los cadáveres de los reclusos presentan heridas de perdigones de metal, particularmente en el tórax, abdomen y la cabeza. También tenían en común politraumatismo, es decir golpes con objeto contundente.
“Las autoridades peruanas deben esclarecer con urgencia lo ocurrido”, instó Jarab, recordando que según las normas internacionales, el uso de la fuerza por parte del Estado debe obedecer estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Destugurizar penales
La Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet ha estado demandando a los Estados a adoptar políticas de destugurización de los centros penitenciarios para evitar el contagio y propagación mortal del COVID-19 al interior de los penales.
“COVID-19 en las cárceles es un problema urgente de derechos humanos y de salud pública. Muchas prisiones en el país presentan serios problemas de insalubridad y hacinamiento, condiciones que no solo incrementan las posibilidades de contagio, sino también la tensión e incertidumbre al interior de los recintos”, enfatizó Jan Jarab.
En este contexto, pidió al Estado peruano redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la salud al interior de las cárceles. «Para ello, junto con perfeccionar los protocolos de salud e higiene, se debe reducir el hacinamiento, incluyendo a través de liberación de detenidos vulnerables”, indicó.
Jarab reconoció la reciente adopción de un decreto supremo que abre la puerta a beneficios penitenciarios a ciertos grupos de internos en mayor riesgo frente al COVID-19, y llamó a su pronta implementación. Sin embargo, se estima que tales beneficios alcanzarán solo a un porcentaje muy reducido de la población penitenciaria.
“Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a todas las autoridades competentes a ampliar las posibilidades de beneficios a otras categorías de internos de bajo riesgo, excluyendo a perpetradores de delitos graves y violentos”, destacó Jarab.
Agregó que también es fundamental dar información relevante y oportuna a las familias de los detenidos e implementar políticas de acompañamiento tras la excarcelación, para evitar más contagios del COVID-19.
Prisión preventiva
El Representantes de Naciones Unidas también mostró su preocupación por la situación que enfrenta el personal penitenciario, entre quienes se ha notificado un número significativo de funcionarios contagiados e incluso fallecidos por el coronavirus SARS-CoV2.
Otro aspecto que preocupa a las Naciones Unidas es el alto número de presos sin sentencia que permanecen en las cárceles peruanas. En los 68 penales del país hay, 35 mil internos que cumplen detención o prisión preventiva, a la espera que concluya la investigación y ser llevados a juicio.
La Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionado de la ONU para los DD.HH llamó a disminuir el elevado uso de la prisión preventiva en el Perú, que consideró, debe entenderse como excepcional y de último recurso. Un tema, en el que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen un rol decisivo.
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