Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, ha difundido un comunicado a los medios de comunicación para informar de que recurrirá el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado propone sentar en el banquillo a Ron, a otros doce directivos y a la consultora PriveWaterhouseCoopers por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
El banquero se ha mostrado en desacuerdo con el auto judicial porque considera que es «contrario a la normativa contable y a la realidad de los hechos«. Por eso, muestra también su intención de poner sobre la mesa «pruebas demoledoras» que justifiquen que la tesis es insostenible porque considera que han obviado muchas que son claves para determinar la verdadera resolución del banco.
«Recurriré el auto porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados«, reafirma Ángel Ron bajo el objetivo de demostrar que «las cosas se hicieron correctamente en el Banco Popular».
Otro aspecto en el que Ron ha querido hacer hincapié es en la solvencia del banco en el momento de su resolución, porque reconoce que era «viable y rentable». Según informes elaborados por los peritos del Banco de España, el patrimonio era de 11.000 millones de euros y tenían unos beneficios anuales recurrentes antes de provisiones de 1.150 millones.
El juez acusa a Ron de un delito de estafa a inversores que se pudo cometer a través de la ampliación de capital y sugiere que acudieron «engañados». No obstante, el banquero recuerda en su escrito lo que ya afirmaron los peritos en un informe en 2019: «Las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva».
Es más, el propio Ángel Ron se considera un «perjudicado» de lo que define como un expolio del Banco Popular porque tanto él como otros consejeros invirtieron un total de 500 millones de euros. Así, defiende la amplaición de capital que reconoce que «nada tuvo que ver con la resolución no investigada que acabó con el Banco».
Ron entiende que el auto no se corresponde con lo se ha instruido, contradice a la normativa contable y cree que las conclusiones a las que llega Calama no se corresponden con los hechos declarados. Por eso, después del «arduo, muy profundo y riguroso» trabajo al frente del Banco Popular, recurrirá el auto que llega casi siete años después de su resolución.