En un clima creciente de preocupación por la violencia de género, la Abogacía ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno para actualizar la Ley de asistencia jurídica gratuita. El objetivo es ampliar su alcance e incluir casos de violencia sexual, en línea con los dictámenes de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Este fue uno de los puntos críticos debatidos durante las XI Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, acontecidas recientemente en Granollers, articuladas bajo el principio “Ni un paso atrás contra la violencia de género”.
En esta convocatoria, se recomendó a los entes jurisdiccionales que apliquen una perspectiva de género en sus veredictos y decisiones. En casos donde el imputado esté procesado por crímenes de violencia de género, conforme al artículo 94 del Código Civil, debería predominar la suspensión del régimen de visitas.
La propuesta también incluye la necesidad de una legislación más enfocada contra la trata de personas y un servicio especializado para asistir a las víctimas. “La trata es un delito de alta complejidad que afecta a los derechos fundamentales de las mujeres, a la igualdad, y a la sociedad en general”, fueron algunas de las reflexiones compartidas durante las jornadas.
Además se hizo hincapié en la importancia de crear mecanismos que faciliten la reinserción de las víctimas españolas de violencia de género residentes en el extranjero en el sistema de protección nacional, y en este sentido, mejorar la coordinación entre instituciones a nivel nacional, autonómico y local fue considerado crucial.
Asimismo, se resaltó la importancia de ofrecer “la formación en trauma a los equipos psicosociales y a los equipos forenses” en la evaluación de casos de violencia de género, así como la urgencia de “desarrollar apps” que permitan a las víctimas recoger evidencias digitales con seguridad legal a través de blockchain y el sello de tiempo cualificado (QTS).
En cuanto al turno de oficio especializado en violencia de género, se pidió “dotarle de más medios de manera que se conceda a los Colegios el número de letrados de guardia para que puedan cubrir con garantías todo su ámbito territorial en beneficio de las mujeres víctimas de malos tratos”.
Además, se ha requerido una vez más que se brinde “la preceptiva asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia”, para que conozcan el proceso, sus implicaciones y posibilidades de éxito, convirtiéndose no solo en un derecho sino también en una obligación legal.
Los participantes en el encuentro, incluyendo a Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española; y Joan Martínez García, decano del Colegio de Abogados de Granollers, expresaron con firmeza estas conclusiones, subrayando la necesidad de revisar y fortalecer la legislación actual para proteger de manera más efectiva a las víctimas de violencia de género y sexual.
Este renovado enfoque hacia la legislación y las medidas de protección es un paso crucial en el continuo esfuerzo para erradicar todas las formas de violencia de género, y refleja la determinación de los profesionales del derecho en proponer cambios significativos para mejorar la seguridad y el bienestar de las mujeres en España.
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