El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona ha cerrado definitivamente la investigación contra la exalcaldesa Ada Colau y técnicos municipales, relacionada con presuntas coacciones y prevaricación presentadas por el fondo de inversión Vauras. Estas acusaciones apuntaban a obligar al fondo a destinar pisos de su propiedad, incluido el Bloc Llavors, a alquiler social para familias vulnerables.
Ada Colau declarará como investigada por supuestas presiones a un fondo de inversión
La jueza a cargo del caso, tras consultar el auto este jueves, también ha eximido de responsabilidad a dos exconcejales del equipo de Colau: Marc Serra y Lucía Martín.
La querella se originó a partir de la denuncia del fondo de inversión, y Ada Colau, en su declaración del 13 de marzo, negó haber intervenido en la concesión de licencias de obras al fondo o haber mantenido reuniones con sus representantes. Colau explicó que, desde que asumió la alcaldía, delegó las funciones relacionadas con la concesión de licencias y en todas las áreas del Ayuntamiento, incluyendo Vivienda y Derechos Sociales.
La jueza concluyó que «ni hubo presiones ni resoluciones injustas como consecuencia de la negativa al alquiler social«. Destacó que Ada Colau no participó ni intervino en las reuniones señaladas como coactivas y no emitió las resoluciones impugnadas por Vauras.
La jueza cuestionó la inclusión de Colau en la querella, sugiriendo que obedecía a «fines ajenos al procedimiento penal», buscando posiblemente un impacto mediático al vincular a un político con un proceso penal, a pesar de no haber participado en las reuniones. Además, consideró que Vauras presentó la querella porque las políticas de vivienda durante el mandato de Colau no le eran favorables, recordando que las funciones de alcaldesa son delegables independientemente de quién esté al frente del Ayuntamiento.