Se acabaron las Fallas y toca hacer balance. Pero incluso antes de quemarse los monumentos de 2023, un año recordado por la normalidad tras la pandemia por la Covid-19, el buen tiempo y las excelentes cifras de ocupación hotelera, la Agencia Valenciana Antifraude volvió a ‘tirar las orejas’ a la Junta Central Fallera, dependiente del Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó, de Compromís, en coalición con el PSPV-PSOE, por el uso de las contrataciones a dedo. Fue el pasado 6 de marzo, cuando la entidad fiscalizadora que dirige Joan Llinares, con rango de director general, cuestionó “la contratación a dedo por parte de Galiana de una empresa para organizar un concierto en la preselección de las falleras mayores de 2022, la firma contratada cobró más en comisiones que el coste real del concierto de música”. Así. “el coste de las comisiones de intermediación sin prestación material supera el coste del servicio que recibió el grupo musical”, afirmaba Antifraude en sus conclusiones. “El grupo de música cobró apenas 6.050 euros mientras que la empresa que contrató el concejal de Fiestas Carlos Galiana (Compromís) recibió 14.520 euros por contratar la actuación del grupo de música”. Galiana cobró 78.423 euros brutos en 2022.
Y el PP ha salido en tromba argumentando que “son ya muchas las irregularidades en las contrataciones a dedo y sin concurso del gobierno de Ribó y PSOE, este caso destapado por la Agencia Valenciana Antifraude es uno más de ellos y se ha realizado a través de la Junta Central Fallera”.
“Una vez más la Agencia Antifraude pone en evidencia las irregularidades en la concejalía de Fiestas que dirige Compromís. En este caso el cobro de comisiones de una empresa contratada a dedo por el concejal Galiana a través de la Junta Central Fallera. Son demasiadas casualidades y cuando lleguemos a la alcaldía dentro de unos meses abriremos una investigación de todas estas contrataciones cuestionadas por Antifraude”, argumentaba el concejal del PP, Santiago Ballester, hace un par de semanas.
Pero es que el octubre pasado, la Agencia ya censuraba a la Junta Central Fallera por las contrataciones para la Exposició del Ninot (muñecos de cada monumento fallero que optan a salvarse de las llamas por votación popular), el seguro de los vestidores de la Virgen para la Ofrenda de Flores o la Nit de l´Alba (un castillo de fuegos artificiales para el 15 de marzo). En noviembre, Antifraude emitía una resolución en la que se ‘recomendaba’ cumplir “la normativa de contratación en la tramitación de los contratos menores” y que se incluyan en este proceso los “informes exigidos” por la ley.
El Portal de Transparencia
Cualquier ciudadano puede comprobarlo. Aunque las fallas de 2020 se suspendieron por la pandemia de la Covid-19 y sus monumentos se quemaron en septiembre de 2021, las de 2022 se celebraron con relativa normalidad gracias a las campañas de vacunación masivas. Pero las actas del Consell rector de 2020, 2021 y 2022 no aparecen y son entre cuatro y cinco documentos por año. Sí están las de 2017, 2018 y 2019. También aparece un documento con una directiva desfasada y unas delegaciones de 2019-2020, cuando Pere Fuset todavía era el concejal del área.
Sigue el mismo documento de 2019, cuando Sueldos Públicos ya se hizo eco de lo que cobraban tres empleadas administrativas y un alto cargo. Pero no hay rastro alguno de posibles actualizaciones de las retribuciones según los incrementos consecutivos salariales de los empleados públicos para compensar la subida de la inflación desde entonces. Por otro lado, la sección ‘Órganos de representación del personal’ carece de contenido.
La coordinadora general de la JCF, a través del Ayuntamiento de Valencia, es Carmen Martínez Ferrer. Esta accedió al cargo en junio de 2020 para el ejercicio fallero 2020-2021. Según el propio Portal de Transparencia del consistorio, el sueldo de Ferrer es de 67.879 euros anuales. El año pasado era de 66.850 euros, sin tener en cuenta los trienios por antigüedad al haber opositado a judicatura y trabajado de ello.
Además, su Directiva está formada por la secretaria general, Carmen Blasco, y cinco vicepresidentas más. Los únicos hombres que forman parte de esta Directiva son: el presidente de la JCF y concejal mencionado, Carlos Galiana y, el asesor del presidente, Javier Tejero Zabal. Desde el ejercicio 2019-2020, la plantilla de la JCF se ha reducido de cuatro a uno el número de asesores del presidente, que por entonces era Pere Fuset. Este dejó la presidencia de la Junta al ser procesado por la muerte de un trabajador durante la preparación de los conciertos de la Feria de Julio 2017. Salió absuelto del caso.
Para 2023, la Junta aprobó un presupuesto de 2,8 millones de euros, un 5,8% más que un año antes, pero un 30% más que en 2015, cuando el PP dejó de dirigir el consistorio de la tercera capital de España. En 2021, los gastos de personal supusieron 281.562 euros, un 11,08% del total. Según la sección de Transparencia de la Junta Central Fallera, en 2019 había tres auxiliares administrativas con un sueldo de 30.422 euros brutos cada una y un coste en Seguridad Social de 10.050 euros por empleada.
El documento de la Junta, con fecha de octubre de 2018, está firmado por Fuset. También aparece el dato de la remuneración de la anterior coordinadora general, como órgano directivo, con 65.895 euros. No están publicados los datos de 2020, 2021, 2022, ni 2023.
La propia Área de Educación, Cultura y Deportes tiene asignadas dos concejalas delegadas de cultura más, aparte del propio Galiana: la concejala de Acción Cultural, María Teresa Ibáñez, y la concejala delegada de Patrimonios y Recursos Culturales, Glòria Tello. Tanto Ibáñez como Tello cobraron un poco menos que Galiana, 76.681 euros cada una en 2022.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos