Tras más de cuatro horas de comparecencia en la comisión de Gastos Reservados del Congreso (que antes se llamaba de secretos oficiales), la directora del CNI, Paz Esteban, ha informado que los servicios secretos españoles han espiado a 18 personas con autorización judicial. Los parlamentarios presentes en la comisión han podido conocer los nombres de los espiados y la autorización judicial.
Entre los espiados estarían el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri; los tres ‘ingenieros’ de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont. Esteban no ha asumido nada sobre el resto de presuntos espiados hasta los 63 que incluye la lista denunciada por la organización Citizen Lab.
El Gobierno confiaba en que las explicaciones de Esteban calmasen los ánimos de sus socios de investidura. Pero la conclusión de partidos como ERC o PNV es que «salimos como entramos» y que solo se han compartido informaciones que ya se habían publicado. «Es una comisión de secretos donde no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales», ha denunciado Gabriel Rufián, el portavoz de ERC.
«Solo diré que queda mucha tela que cortar», añadía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en declaraciones a los periodistas. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha asegurado que las explicaciones han sido «del todo insuficientes», por lo que «persisten muchas dudas y seguimos con las mismas incógnitas que teníamos a la entrada. Muchas dudas y pocas sorpresas». De momento, los socios del Ejecutivo siguen solicitando una comisión de investigación para esclarecer las presuntas escuchas al independentismo, algo a lo que se sigue oponiendo PSOE y PP.
El Confidencial publicó hace unos días que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenir el teléfono de 18 líderes vinculados a Tsumani Democratic, tras obtener autorización preceptiva del Tribunal Supremo para utilizar el programa Pegasus con el objeto de espiar a dirigentes relacionados con las movilizaciones contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019.
Para intentar contrarrestar estas críticas, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha hecho hincapié en que el Gobierno se ha movido en el «respeto estricto de la legalidad» y ha insistido en que la directora del CNI ha aportado «toda la documentación» para aclarar el caso del espionaje.
Los teléfonos de Sánchez y Robles
Esteban no ha centrado su intervención en los espionajes que han sufrido miembros del Gobierno. Quien si ha querido hablar de este tema ha sido Rufián tras salir de la comisión, apuntando a dos posibles responsables de los casos de espionaje no amparados por vía judicial (el de los teléfonos de Sánchez y Robles y los presuntos pinchazos a otros independentistas): una nación extranjera u otros organismos descontrolados del Estado con capacidad para espiar.
«Si es lo primero es malo», ha dicho. Y si es lo segundo, «también es malo porque si ha habido competición del Estado para espiar a políticos o periodistas solo por sus ideas es peligroso». «Si hablamos de eso», ha continuado, «hablamos de cloacas».
La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los móviles de los miembros del Gobierno en 2021 están tensando como nunca en la actual legislatura la relación entre el Gobierno y sus socios, en especial ERC, que exige dimisiones al más alto nivel. También ha abierto fisuras dentro del propio Gobierno y entre los dos socios de coalición, PSOE y Pdemos.