miércoles, febrero 21, 2024
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Planas: España tiene cereal pero hay que activar compras en próximos 60 días

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Madrid, 9 mar (EFE).- España tiene «aún» suficiente existencias de cereal para la producción de pienso destinado a la alimentación animal, pero es necesario «activar compras en países terceros» en los «próximos 60 días» para evitar contratiempos en el abastecimiento.

Lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su intervención este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso cuyo orden del día ha estado protagonizado finalmente por las consecuencias que la guerra en Ucrania está teniendo en el sector agroalimentario.

El ministro ha expuesto ante los diputados la demanda de España para que la Unión Europea flexibilice los requisitos de importación de cereales, especialmente el maíz, desde Argentina o Estados Unidos en materia de residuos de fitosanitarios o de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Les ha informado asimismo de que es partidario de suavizar, «durante una o dos campañas», los requisitos de la Política Agrícola Común (PAC) para que tierras en barbecho y de interés ecológico puedan ser cultivadas con cereal aunque ello no cubra del todo la demanda nacional.

En cuanto al abastecimiento de aceite de girasol, ha negado, en su entrada a la Comisión, que haya desabastecimiento actualmente aunque «pudiera producirse en el supuesto de que no se efectúen compras en otros mercados».

Además ha recordado que España cuenta con grasas vegetales alternativas, particularmente el aceite de oliva con «todas» sus categorías.

España compra a Ucrania el 27 % de sus importaciones de maíz y el 62 % de sus adquisiciones de girasol.

En su intervención, ha subrayado también que las necesidades alimentarias están «plenamente» cubiertas en España, «cosa que es motivo de tranquilidad».

El ministro ha destacado que Ucrania y Rusia están entre los principales productores y exportadores mundiales de cereales y eso ha llevado a una subida de precios «tremendamente significativa» en el mercado de las materias primas.

En ese sentido, ha informado de que el trigo ha subido de 185-190 dólares/tonelada a 400 dólares/tonelada; la soja está, de media, por encima de 600 dólares/tonelada, «más del doble de la cotización habitual» y el maíz cotiza a 350 dólares/tonelada, «muy superiores» a los 200 dólares/tonelada de media.

En cuanto a los fertilizantes, Planas ha recordado que más del 50 % del aprovisionamiento español es de producción nacional, si bien, eso no quita la idoneidad de debatir sobre «la disponibilidad» de los mismos.

La oposición le ha planteado si el contexto de guerra actual hace necesario revisar la futura PAC de cara a suavizar exigencias como las de sostenibilidad medioambiental en las producciones.

En ese sentido, el ministro cree que el reto de alimentar a una población creciente debe afrontarse por la «vía de la productividad y de la innovación» sin perjuicio de que, llegado el caso de crisis humanitarias como la actual, se requieran acciones excepcionales «temporales» como la necesidad de poner en producción ahora barbechos y tierras de interés ecológico para obtener más materias primas.

En el debate, una mayoría de los grupos ve necesario implementar la soberanía alimentaria para ser menos dependientes de los mercados exteriores en estos contextos.

Planas ha apoyado también este aspecto porque hay «vulnerabilidades» hasta el punto de que «tendríamos que tener una mayor capacidad productiva en proteína vegetal y en fertilizantes».

En la Comisión también se ha debatido sobre la reforma de la Ley de la Cadena que, según el ministro, ha supuesto un «hito histórico» para la regulación mercantil del sector agroalimentario.

Ha destacado la importancia de cooperar con las autonomías para que la Ley tenga «éxito».

Otros de los asuntos abordados han sido el cronograma del Plan Estratégico Nacional de la futura PAC, ya que España espera tenerlo aprobado definitivamente a finales de mayo; la situación de sequía; los fondos Next Generation destinados a la agricultura y el Perte Agroalimentario, dotado con una inversión pública de 1.003 millones de euros. 

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