La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dado esta tarde por «aparcado» el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona, por la falta de consenso que requiere un proyecto de esa envergadura, y ha dicho que lo lamenta mucho como ministra y como catalana.
«Se requería un consenso unánime y no ha podido ser, se aparca este proyecto», ha confirmado Sánchez en una comparecencia en el Congreso, en la que ha explicado que los 1.700 millones de euros que Aena preveía invertir en él no pueden destinarse a otro tipo de proyectos.
Dicha inversión provenía de los presupuestos de Aena, que obtiene sus ingresos de las tasas aeroportuarias, por lo que con ella preveía un potencial incremento de recaudación de tasas que la iban a fortalecer como empresa.
La primera consignación presupuestaria era de 120 millones, fundamentalmente para definir el Plan Director y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); importe que ahora se dedicará a «mejorar la red en su conjunto e implantar medidas de sostenibilidad ambiental», ha dicho Sánchez.
«Lamento mucho como ministra y como catalana que se haya producido esta situación, pero no vamos a imponer un proyecto de este tipo», ha recalcado.
Sánchez ha vuelto a asegurar que los «primeros sorprendidos» fueron los miembros de su departamento «cuando se plantearon discrepancias en el Govern», tras el acuerdo alcanzado el 2 de agosto entre ella misma y el vicepresidente y conseller de Territori, Jordi Puigneró, y ha apuntado que ella misma avanzó a Puigneró que «no se daban las condiciones» para llevar adelante su acuerdo antes de anunciarlo públicamente.
La ministra se ha reafirmado en que ese es el motivo por el que se decidió aparcar el proyecto y está «aparcado hasta que se abra una nueva oportunidad y una nueva ventana regulatoria, que ya no será el DORA II», documento de regulación aeroportuaria que debería ir al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, porque está así regulado.
Según sus datos, el proyecto apostaba por hacer en El Prat un ‘hub’ intercontinental y por atender la «inminente saturación» de sus actuales instalaciones, lo que iba a suponer la creación de unos 375.000 puestos de trabajo y un impacto del 9 % en el producto interior bruto (PIB).
Tras defender que «el desarrollo sostenible tiene que ser compatible con dar oportunidades económicas al territorio», ha lamentado que se haya «perdido una oportunidad» que además incluía «ampliar un 25 % las 1.100 hectáreas de zona natural de La Ricarda y dotarla incluso de más protección».
El portavoz del PP en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Andrés Lorite, lo ha considerado una «pérdida de oportunidad tremenda» y ha reprochado a Sánchez su «falta de voluntad en esforzarse para que antes del Consejo de Ministros del 30 de septiembre el Gobierno pueda llegar a un acuerdo e incluir esa importantísima inversión en el DORA».
El representante de Cs, Juan Ignacio López-Bas, ha considerado «necesario» el proyecto, mientras que la diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo ha acusado a la titular de Transportes de «mentir a los catalanes», dado que la ministra Teresa Ribera y los ministros de Unidas Podemos «iban a votar en contra en el Consejo de Ministros».
Inés Granollers (ERC) ha sostenido que «es el momento de establecer límites» y que Aena «no solo no comparte esta premisa, sino que ha querido simplificar el debate sobre el futuro del aeropuerto de Barcelona, porque el debate no se reduce a la ampliación de la tercera pista, hay que hablar de modelo aeroportuario y de movilidad gestionado desde Cataluña».
En nombre del PDeCAT, Ferran Bel ha pedido a la ministra que «recupere el diálogo» con la Generalitat y le ha recriminado que, a pesar de la «actitud infantil, cortoplacista y poco responsable del Govern de la Generalitat y de su política de vuelo gallineaceo», su Gobierno también ha tenido una «gran responsabilidad en este desaguisado».
Albert Botran, de la CUP, ha dicho que no entiende cómo en un proyecto que supondría pasar de 53 a 70 millones de pasajeros digan que no aumentarían la emisiones de CO2, mientras que la representante de Vox, Cristina Esteban Calonje, ha criticado la perspectiva de género del proyecto.
La ministra ha replicado a ésta que «no se preocupe, que las medidas con perspectiva de género no iban a perjudicar a nadie» y al representante de la CUP le ha indicado que, si bien sí se iban a producir un número mayor de operaciones, esto no implicaría que no se fueran a cumplir los compromisos de reducción de CO2 en la transformación que se está produciendo en el sector, con aviones que funcionan con hidrógeno y otras medidas compensatorias.
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