BBVA ha presentado en el juzgado que instruye el caso Villarejo el escrito anunciado el pasado viernes con el contenido de la documentación sobre los encargos a Villarejo que ya figuraban en la causa, como muestra de su «máxima colaboración».
Se trata de la información contenida en la carpeta «drive» a la que hizo referencia la responsable de seguridad física del banco, Inés Díaz Ochagavia, en su declaración del pasado viernes, que ya había sido aportada por el banco, en su mayor parte hace dos años, han explicado a EFE fuentes de la entidad.
Díaz Ochagavía indicó en su declaración como investigada, en respuesta a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que en el «drive» había información relacionada con los constructores Luis Portillo y Fernando Martín, cuya situación patrimonial habría sido investigada.
Según explicó, ella misma dio acceso a esta carpeta a gente de su equipo, aunque dijo desconocer si el entonces presidente del BBVA, Francisco González, o su «número dos» y sucesor en el cargo, Carlos Torres, estaban habilitados.
Sí que podían entrar a él, en cambio, el que fuera jefe de equipo de seguridad del banco Nazario Campo y el exdirector de los servicios contenciosos corporativos Eduardo Ortega, con el que ella misma habló por una reunión con su predecesor, Julio Corrochano, sobre Cenyt.
También tenía acceso el exresponsable del área de regulación y control interno del BBVA Eduardo Arbizu, que como ella formaba parte del comité creado por el banco para agrupar todos los documentos relacionados con la contratación de Cenyt.
Con esta última comparecencia, Díaz Ochagavia concluye la declaración que solicitó, a voluntad propia, al titular del juzgado central de Instrucción número 6 Manuel García Castellón y que comenzó el día anterior.
En esa primera jornada, ya se desvinculó de los encargos del banco al excomisario y dijo que nunca autorizó ni verificó las facturas giradas al Grupo Cenyt al tratarse de un aspecto que quedaba fuera de sus competencias.
La «operación Trampa» gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
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