La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado hoy el juicio con jurado de Manuel Sergio Gamón y otros cinco acusados por el supuesto espionaje realizado entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y al exvicealcalde del Ayuntamiento madrileño Manuel Cobo.
Manuel Sergio Gamón ha asegurado que no es cierto lo que declararon ayer dos de los tres guardias civiles acusados, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, que dijeron que él les dio órdenes de realizar esos seguimientos. «Ni ordené ni se me ocurrió ordenar ningún seguimiento a nadie», ha recalcado.
José Oreja concretó que, «por especial interés» del expresidente de la Comunidad de Madrid y entonces vicepresidente, Ignacio González -actualmente investigado en el caso de corrupción Lezo-, recibieron de Gamón «órdenes ilegales» de realizar «seguimientos» a políticos del PP como la exdelegada del Gobierno y expresidenta regional madrileña Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.
Gamón ha asegurado que nunca despachó con Ignacio González. «Solo me saludaba y poco más, es de pocas palabras y nunca hablé con él en su despacho ni por teléfono».
También ha negado que algún superior suyo le comunicara que hubiera recibido alguna queja por su actuación.
Ayer los acusados Oreja y Coronado relataron que tras decidir desobedecer las órdenes de Gamón de realizar tales seguimientos lo denunciaron ante el entonces consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados.
Manuel Sergio Gamón ha comentado que ambos guardias civiles han cambiado en el juicio su versión respecto a lo que habían manifestado con anterioridad en la causa y ha dicho que «en sus primeras declaraciones dijeron que nunca recibieron ninguna orden».
Por otra parte ha sido preguntado por un documento que consta en la causa en el que figura su nombre con ocasión de un encuentro que tuvo con Alfredo Prada y ha comentado: «Tengo la sensación que me seguían a mí y ahora estoy como denunciado».
Gamón ha aclarado que los tres guardias civiles acusados en esta causa y tres policías nacionales fueron contratados por la Comunidad de Madrid para labores de seguridad como asesores del consejero.
Hoy también ha declarado el tercer guardia civil acusado, José Luis Caro Vinagre.
Caro ha indicado que nunca recibió órdenes para seguir a nadie y que una actuación que realizaron durante una gran cantidad de horas cerca del Ayuntamiento de Madrid no fue para espiar al entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sino que acudieron porque había un encierro con incidentes en la Consejería de Asuntos Sociales, que se encuentra en las inmediaciones.
José Luis Caro ya fue condenado a un año y medio de prisión por el soplo de la operación Púnica a Francisco Granados, al que se le impuso por ello dos años de cárcel y que está citado para mañana como testigo.
Por su parte el subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid en la época de los hechos, Miguel Castaño Grande, ha negado que diera instrucciones para realizar los seguimientos a políticos y que redactara partes de los mismos.
Ha mantenido que nunca despachó ni con Francisco Granados, ni con Ignacio González y «menos con Esperanza Aguirre».
«No se por qué esta bola de nieve que se formó me cogió a mí cinco años después, ya jubilado», ha apostillado Miguel Castaño, que desconoce «quién pudo montar todo esto».
Los acusados se enfrentan a peticiones de la acusación ejercida por el PSOE de entre dos y cuatro años de prisión, así como a diversas multas solicitadas por la Comunidad de Madrid por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.
Además de Francisco Granados para mañana están citados para declarar como testigos su exjefe de gabinete Ignacio Palacios, Alfredo Prada, la exdiputada socialista Carmen Rodríguez Flores, tres policías nacionales y el periodista Francisco Mercado.
También estaba citado Manuel Cobo pero ha quedado eximido por razones de salud.
La presidenta del tribunal ha rogado a las partes dejar durante los interrogatorios «la política al margen y centrarse en el delito de malversación que se juzga en la medida de lo posible».
Redacción