El pleno del Congreso va a rechazar esta tarde la propuesta de Podemos para acabar con las denominadas «puertas giratorias», debido a que la mayoría de los partidos en la Cámara han considerado exagerada la iniciativa.
En concreto, han criticado que Podemos pretenda la prohibición «absoluta y permanente» para ocupar puestos de dirección en empresas en sectores estratégicos a quienes hayan ocupado altos cargos en la administración, no solo presidentes o ministros sino también cargos inferiores hasta directores generales.
Un reclamo que han rechazado la mayoría de los partidos y que algunos han querido modificar con enmiendas, aunque el partido de Pablo Iglesias ha rechazado cambiar el texto original.
La iniciativa que va a tumbar el pleno -a la espera de su votación esta tarde- ha sido defendida por Pablo Iglesias, que ha comenzado citando a expresidentes como José María Aznar y Felipe González y a exministros como Josep Piqué, Pedro Solbes, Eduardo Zaplana o Elena Salgado para recordar los puestos que han tenido en consejos de administración de empresas, sobre todo energéticas, y subrayar que las puertas giratorias son «corrupción legalizada».
En esos consejos, todos ellos ganan «mucho dinero por no trabajar», porque lo que «compran» las empresas son sus contactos e influencia, ha dicho Iglesias.
Por todo ello ha defendido Iglesias prohibir «de una vez y de manera clara sin trampas legales y sin letra pequeña» las puertas giratorias.
Por parte del PP, Pilar Cortés ha afeado a Podemos que sean ellos los que decidan «qué es o qué no es» una puerta giratoria, cuando «a lo mejor» alguien puede pensar que también lo es que un diputado imparta un máster en la universidad, vuelva a ocupar su plaza de juez o que alguien que ha estado ayudando a «regímenes dictatoriales» se incorpore a la política.
Ejemplos todos ellos que hacen referencia al partido de Iglesias y que Cortés ha utilizado para defender la posición de su partido y recordar que fue el PP el que reguló el ejercicio del alto cargo y se ha implicado en «seguir endureciendo» las incompatibilidades, como se ha reflejado en el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.
Ha argumentado que si lo que se pretende es que el sistema funcione, hay que garantizar que los grandes profesionales «se acerquen» a la vida pública y aporten su experiencia, pero al mismo tiempo se debe facilitar «su salida al mercado laboral»·
El socialista Ignacio Sánchez Amor ha puesto un ejemplo para criticar la propuesta de Podemos y subrayar que habría que «afinarla», al señalar que con la prohibición permanente un director general de reclutamiento del Ministerio de Defensa no podría ocupar nunca un cargo directivo en una empresa de transporte, cuando un puesto no tendría por qué tener incompatibilidad con el otro.
Ha criticado Sánchez Amor que se busque así esta prohibición «para la eternidad» en casos que no la requiere, y ha dicho que en Europa la tendencia es, por contra meter como consejeros no ejecutivos a expolíticos que representan no ya los intereses de los accionistas sino también los de proveedores, usuarios o clientes de las empresas.
Más crítico ha sido José Manuel Villegas, de Ciudadanos, quien tras asegurar que su partido comparte que las puertas giratorias son un «grave problema» para España y una prueba más del «capitalismo de amiguetes», ha calificado de «chapuza» la propuesta de Podemos.
Así, la ha calificado de «incompleta, poco rigurosa y peligrosamente ambigua» y ha acusado a Iglesias de pretender «legislar con técnicas panfletarias».
Villegas ha rechazado las prohibiciones absolutas y ha señalado que aunque hay que eliminar las puertas giratorias no se puede «excluir el talento de la sociedad civil» para ejercer la política.
Además ha señalado que también habría que regular las puertas giratorias en la judicatura o «con el asesoramiento a potencias extranjeras», criticando así, como el PP, a diputados de Podemos.
Desde el PNV, que se va a abstener en la votación, Mikel Legarda ha considerado que las limitaciones que se quieren imponer son «exageradas» y no solo no responden a la realidad actual, sino que, de aprobarse, supondrá un «empobrecimiento» de la sociedad. «¿Quién va a querer ser un alto cargo cuando las limitaciones le persiguen de por vida?», se ha preguntado.
Lourdes Ciuró, de CDC, también ha dicho compartir la necesidad de acabar con los «trapicheos» pero ha defendido promover esta reforma con rigor y transparencia, trabajando en una subcomisión dentro de la comisión sobre la calidad democrática que se va a crear.
Teresa Jordà, de ERC, ha expresado por el contrario el apoyo de su partido y focalizado en el PP y en el PSOE «el abuso y la corrupción» que, a su juicio, suponen las puertas giratorias, una práctica de corrupción «con mayúsculas».
Oskar Matute, de Bildu, ha expresado el apoyo de su partido a esta propuesta y también lo ha hecho Enric Bataller, de Compromís, por entender que hay que «renovar la confianza de la ciudadanía en la política».