España notificó oficialmente el FROB a Bruselas este lunes y espera lograr su aprobación antes de que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, abandone su cargo a finales de este mes.
«Lo que hemos presentado, y lo que la Comisión previsiblemente va a aprobar, es el esquema general, es decir, un esquema que permite que las operaciones que estén dentro de ese esquema no tengan que pasar por ninguna comunicación anterior a realizarse, señaló Salgado a la entrada de la primera reunión de ministros de Economía de la UE de la presidencia española.
La vicepresidenta explicó que este «esquema estándar» es el que prevé que las ayudas no puedan superar el 2% de los activos ponderados por riesgo de las cajas. «Eso es lo que hemos acordado con la Comisión, dijo.
Sin embargo, aclaró que si una fusión supera estos límites no quedará automáticamente excluida de las ayudas, sino que se deberá notificar por separado a la Comisión, y «por anticipado, para lograr autorización. «Si hay una operación que requiere más capital, tendremos que comunicárselo a Bruselas, explicar por qué esa operación en concreto exige una aportación mayor y esperar su aprobación, afirmó.
Salgado consideró que el límite impuesto con Bruselas es «suficiente» para permitir la reestructuración de las cajas españolas.
Al ser preguntada por si existe ya un acuerdo entre el Gobierno y la Comisión sobre el interés que deberán pagar las entidades por el capital recibido, la vicepresidenta económica se limitó a señalar que «estamos en ello».
El retraso en su aprobación por las autoridades europeas de la competencia ha empezado a afectar a algunos procesos de reestructuración en España, como la fusión de Caixa Manresa con las cajas de Catalunya y Tarragona.
Estas entidades desconvocaron las asambleas generales extraordinarias previstas para el este jueves, en las que tenían que aprobar definitivamente la operación, y las aplazaron hasta que Bruselas dé su visto bueno al FROB.
Las tres cajas catalanas tienen previsto que el FROB suscriba participaciones preferentes de la nueva entidad por 1.315 millones de euros, cifra que, junto con sus intereses, tendría que ser devuelta por la nueva entidad en un plazo de cinco años.
Por otro lado, la primera reunión del Ecofin presidida por Salgado tendrá como punto fundamental en su agenda el debate sobre un paquete de normas para combatir la evasión y el fraude fiscal, que están bloqueadas por el veto de Luxemburgo y Austria. La vicepresidenta explicó que para España estas normas son una «prioridad».
«Somos conscientes de que es necesaria la unanimidad, y que por tanto va a ser un debate que nos va a llevar tiempo, pero nos parece importante que el conjunto de los países sepan que para nosotros la transparencia fiscal es una prioridad, señaló.