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EL CASO BANKIA: PROPAGANDA Y VERDAD JUDICIAL

Editorial Estrella | 30 de septiembre de 2020

Es imposible entender la profundidad de la crisis económica y financiera que sacudió España hace diez años sin detenerse en el desastre, el colapso y los numerosísimos actos ilícitos que corrieron parejos a la gestión infecta de numerosas cajas de ahorros.

Sin duda, la impresión de los españoles sobre la capacidad y las intenciones de quienes estuvieron al frente de aquellas entidades fue difícilmente empeorable. Y lo sigue siendo. Es una imagen indeleble cuya huella recuerda escándalos auténticamente traumáticos como el de las preferentes y sus víctimas, tantas veces manifestándose en la calle y retratadas en su dolor y su engaño en los platós de televisión.

Y aún así, a pesar de que la opinión pública cristaliza en numerosas ocasiones de forma rotunda a favor o en contra de una persona o grupo de ellas, una democracia siempre ha de tener en cuenta el control que sobre las acciones humanas, incluidas las de tipo económico, llevan a cabo los tribunales.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos a Rodrigo Rato, por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia, de 442 páginas, destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores (Banco de España, CNMV, FROB y EBA), que el folleto contenía una “amplia y certera" información financiera y no financiera” y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

Desde una lectura demagógica o una interpretación basada en la propaganda, podría sostenerse que ‘el poder termina tapando al poder’, que hay connivencia en las alturas entre quienes manejan fácticamente el país, o que directamente resulta decepcionante después de tantos años un resultado que podría traducirse en términos de impunidad. Serían exégesis erróneas todas ellas.

Los ciudadanos deben confiar en el criterio profesional y técnico, caso por caso, de los tribunales de justicia. Y es precisamente esta garantía la que permitirá en el futuro, como lo ha hecho en el pasado, no sólo procesar sino condenar con dureza a aquellos que, con sus desmanes, y con el Código Penal en la mano, tanto daño ocasionaron al tejido económico y a la propia sociedad española en un tiempo del que, del todo y en puridad, aún no hemos logrado recuperarnos.

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