Razones por las que el juez Leopoldo Puente ha enviado a la cárcel a Santos Cerdán
El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán en el marco del 'caso Koldo'. Así lo recoge el auto de 20 páginas dictado este lunes 30 de junio por el magistrado y al que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL.
En él, se justifica la medida por el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas relevantes para el procedimiento. El Ministerio Fiscal había solicitado esta medida y las acusaciones populares se adhirieron a la petición.
Según el instructor, concurren motivos bastantes para creer que el investigado pudiera haber participado en hechos que “podrían calificarse, al menos, como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho”.
El auto añade que el Ministerio Fiscal sugiere también la posible comisión de un delito de malversación, mientras que las acusaciones populares aluden a un posible delito contra la Hacienda Pública.
El motivo que justifica la prisión provisional
El juez descarta que exista riesgo de fuga y también la posibilidad de que Cerdán pudiera cometer nuevos delitos vinculados con esta causa, ya que ha renunciado a su escaño en el Congreso y dimitido como secretario de Organización del PSOE. Sin embargo, considera que existe un riesgo concreto de que, si permaneciera en libertad, pudiera “ocultar, destruir o alterar fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento”.
Esa es la razón central por la que acuerda su ingreso inmediato en prisión provisional. Añade que no existe otra medida menos gravosa para la libertad del investigado que resulte igual de eficaz para alcanzar ese fin.
Los indicios valorados por el magistrado
En el auto, el juez describe como “extraordinario” el conjunto de indicios que concurren en esta fase inicial del procedimiento. Entre ellos, cita las grabaciones halladas en dispositivos electrónicos intervenidos en el domicilio de Koldo García, en las que se escucha (según el instructor) la voz de tres personas: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
Sobre esas conversaciones, el magistrado subraya que, sin necesidad de reproducir su contenido, bastan para considerar “indiciariamente justificada no únicamente su participación con eficacia ejecutiva en los hechos investigados, sino su particular posición en ellos”. Añade que en las grabaciones Koldo García reclama a Santos Cerdán “cantidades que aquél considera le son debidas” como consecuencia de adjudicaciones concretas de obra pública.
El auto afirma que las grabaciones no fueron producto de una intervención judicial, sino que se encontraron en teléfonos móviles y una grabadora intervenidos a García. El magistrado descarta que se trate de archivos manipulados, alterados o falsificados. También indica que Cerdán, en su declaración, no negó directamente su contenido, sino que alegó falta de recuerdo o descontextualización.
Relación con Servinabar y comunicaciones con Koldo García
El juez también menciona los vínculos de Cerdán con la empresa Servinabar, adjudicataria de obras en UTE con Acciona. Según el auto, consta un contrato privado por el que el administrador de Servinabar cedía participaciones al investigado. Cerdán reconoció haber firmado ese contrato, aunque alegó que no se elevó a público y que lo firmó en un momento en que pensaba abandonar la política.
Se detalla además una comunicación de 2018 entre Cerdán y Koldo García en la que el primero solicita información para una transferencia de 4.500 euros a la Fundación Fiadelso. El juez interpreta esta gestión como reflejo de su capacidad de interlocución con esa empresa. También se recogen mensajes entre ambos sobre obras en Logroño, Sevilla y otras localidades.
Papel de Cerdán en el 'caso Koldo', según el juez
El auto sostiene que Santos Cerdán habría sido, dentro del marco del 'caso Koldo', la persona encargada de percibir los pagos indebidos y de distribuirlos entre los demás implicados. El magistrado apunta que Koldo García y José Luis Ábalos “reclamaban inequívocamente al Sr. Cerdán León” las cantidades presuntamente comprometidas.
Según el juez, esta posición funcional convierte a Cerdán en una figura clave para entender cómo se articulaban los pagos y quiénes más pudieron beneficiarse. Añade que su conocimiento de esos detalles le permitiría ocultar pruebas si permaneciera en libertad, lo que refuerza la necesidad de adoptar la medida acordada.
El instructor destaca que Cerdán habría intervenido en las fases de adjudicación, seguimiento y reparto económico, y que su papel “de liderazgo funcional” dentro del conjunto de los hechos investigados lo diferencia de otros imputados que permanecen en libertad provisional.
Cifra global señalada en el auto
El juez indica que las obras adjudicadas a Acciona en UTE con otras empresas a través de organismos del Ministerio de Transportes suman un total de 537.271.005 euros.
Según las conversaciones grabadas, Ábalos y García habrían percibido en conjunto 550.000 euros, con otros 450.000 euros aún pendientes.
El magistrado considera que Cerdán podría haber obtenido también alguna clase de beneficio económico para sí o para terceros, dado que no parece plausible que actuara “de forma completamente desinteresada”.
