El Gobierno tramitará con urgencia la normativa de entidades críticas que podría haber minimizado las consecuencias del gran apagón
Ya en junio del año pasado, el Consejo de la Unión Europea establecía que, a partir del 18 de octubre, se debía aplicar en toda la UE la Directiva sobre la Resiliencia de las Entidades Críticas para "reducir las vulnerabilidades" de infraestructuras que prestan servicios esenciales en sectores como el transporte, la energía o la sanidad, entre otras.
Pero ha tenido que pasar casi un año desde que la UE advirtiese de la importancia de "reducir las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia de las entidades críticas", y un mes desde que se produjo el gran apagón que afectó a toda la España peninsular, para que el Gobierno haya dado luz verde a la nueva normativa que ya se le exigía desde Bruselas el año pasado y que, de haber estado en vigor, podría haber evitado (o minimizado las consecuencias) del corte del suministro eléctrico masivo del pasado mes de abril.
Ha sido este martes 27 de mayo cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que ahora se tramitará con carácter de urgencia.
Y esta normativa, pendiente desde hace meses, incorporará al ordenamiento jurídico nacional la Directiva de la UE que obliga a los estados miembros "a poner en marcha una estrategia nacional para incrementar la resiliencia de las entidades críticas, a llevar a cabo evaluaciones de riesgos y a determinar qué entidades críticas ofrecen servicios esenciales", para que "definan los riesgos" y adopten "las medidas adecuadas" para evitar situaciones como la que se vivió en España el pasado 28 de abril.
Nuevas medidas para "garantizar los servicios esenciales" que se perdieron durante el gran apagón
El objeto de la norma aprobada este martes en el Consejo de Ministros consiste en "apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades u organismos, públicos o privados, que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos como el de la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, transformación y distribución de alimentos, la industria nuclear, las instalaciones de investigación o la seguridad privada, entre otros".
Junto a la identificación de las entidades críticas -como exige la UE-, el anteproyecto establece una serie de medidas específicas destinadas a garantizar los servicios esenciales que prestan, así como obligaciones para la mejora de su resiliencia.
Para ello, la norma crea un nuevo marco de planificación construido alrededor de la Estrategia Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional), y de la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos elaborada y aprobada por la citada Secretaría de Estado de Estado de Seguridad.
Una ley con el foco puesto en "las personas que prestan sus servicios en las entidades críticas"
Entre los diferentes puntos aprobados este martes se incluye que, para llevar a cabo otras medidas de protección y resiliencia de estas entidades críticas, "se comprobarán los antecedentes personales para garantizar la idoneidad de las personas que prestan sus servicios" en ellas, así como "la obligación de designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes, y el sistema de notificación de incidentes".
Además, las compañías concernidas por esta norma "deberán elaborar un plan de resiliencia que incluya las medidas de protección física, respuesta y mitigación frente a incidentes en el marco del plan estratégico sectorial correspondiente", algo que, sin duda, de haber estado aprobado con anterioridad, podría haber evitado la falta de respuesta inmediata que se produjo el pasado 28 de abril.
Marlaska defendió su gestión por el "colapso eléctrico nacional" que dejó a oscuras a toda la España peninsular
De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya tuvo que enfrentarse al escrutinio del Congreso de los Diputados por el “colapso eléctrico nacional”, tal y como lo definió el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno del pasado 14 de mayo, a pesar de que Marlaska defendió su gestión ante el mayor corte de suministro eléctrico que se ha producido en la historia reciente de España.
Y será su Departamento, en concreto la Secretaría de Estado de Seguridad, pendiente ahora de un nuevo titular tras la dimisión de Rafael Pérez, la que, una vez aprobado el anteproyecto de Ley al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, se convertirá en la autoridad nacional competente en la materia.
Los departamentos que deberán ahora remitir a Interior sus informes son Defensa; Transportes y Movilidad Sostenible; Industria y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Ciencia, Innovación y Universidades; para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
