Los ministros de Exteriores de 15 países exigen el fin de la criminalización LGTBIQ+ y condenan las terapias de conversión
Los titulares de Exteriores de España, Colombia, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Eslovenia, Islandia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Portugal y Uruguay han unido sus voces este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, para exigir el fin de la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y la erradicación de las llamadas ‘terapias’ de conversión. El pronunciamiento conjunto pone el foco en la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad real.
Desde estos 15 gobiernos se alerta sobre el avance de discursos de odio y se denuncia el retroceso en derechos fundamentales, ante lo cual rechazan “toda forma de violencia, criminalización, estigmatización o discriminación, que conducen a violaciones de los derechos humanos”.
Reivindicación internacional de políticas inclusivas
El comunicado, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, subraya que “el respeto por la diversidad, la igualdad y la tolerancia requieren desde apoyo a nivel internacional a medidas destinadas a la despenalización” y al impulso de políticas que garanticen la inclusión socio-laboral de las personas LGTBIQ+, “especialmente de las personas trans”.
También se pone de relieve la necesidad de “erradicar todo tipo de acoso, incluido el acoso homofóbico y transfóbico”, así como de promover leyes y políticas que fortalezcan la lucha contra la discriminación.
La declaración conjunta reconoce además que las personas LGTBIQ+ sufren formas de discriminación múltiples y entrelazadas cuando pertenecen a colectivos históricamente marginados, como pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes o comunidades afrodescendientes. Por ello, los ministros y ministras firmantes apuestan por un enfoque interseccional que aborde estas desigualdades de forma estructural.
Llamamiento global contra leyes represivas y terapias forzadas
El pronunciamiento hace un llamamiento explícito a todos los Estados “para que se unan a este camino, derogando las leyes discriminatorias existentes y negándose a introducir nuevas leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo o castiguen a las personas por su orientación sexual e identidad de género”.
También exige “el fin de la persecución penal de las personas LGTBIQ+, especialmente la prisión y la pena de muerte”, así como la prohibición total de las denominadas “terapias” de conversión. Estas prácticas -indican- “pueden causar dolor y sufrimiento psicológico y físico, y son inherentemente discriminatorias”.
Según el texto difundido, “está en juego el pleno respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, así como el fortalecimiento de la igualdad, la diversidad y la prosperidad, sin dejar a nadie atrás”.
Compromiso político con una sociedad diversa y resiliente
Desde los gobiernos firmantes se insta a las instituciones públicas a implementar políticas que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y que promuevan “la igualdad efectiva de las personas LGTBIQ+ y la lucha contra toda forma de discriminación”.
Los ministros concluyen poniendo en valor la diversidad sexual y familiar, convencidos de que “las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes, saludables y resilientes”.
Finalmente, reiteran su compromiso para que “ninguna persona sea penalmente perseguida o discriminada por razón de su orientación sexual e identidad de género”, y proclaman: “Construyamos sociedades en las que todos los seres humanos puedan ser y amar libremente”.
