Cae una red criminal que defraudó más de 700 millones con importaciones falsas para bazares chinos
Las autoridades han recalcado que este tipo de fraude masivo "socava gravemente los sistemas fiscales de los estados miembros" y permite a los grupos criminales ofrecer precios por debajo del mercado, al operar sin impuestos, tasas antidumping ni controles legales
Más de 700 millones de euros defraudados en Europa y al menos 56 millones en España. Es el balance provisional de la operación ‘Calypso’, una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO), en la que han participado la Agencia Tributaria, la Policía Nacional, Europol y autoridades de Grecia, Francia y Bulgaria.
En nuestro país, la red ha dejado tras de sí 6 detenidos, 5 investigados, 10 registros y una secuela de inmuebles, criptovalores y empresas usurpadas a lo largo de todo el territorio.
Según detalla la Agencia Tributaria, la investigación arrancó en 2023 tras la denuncia de una empresa almeriense que descubrió que su identidad mercantil había sido utilizada para ocultar operaciones intracomunitarias.
A partir de ahí, se destapó una red que importaba mercancías (en su mayoría textiles) desde China, sin abonar el IVA ni los aranceles, y que empleaba a más de un centenar de empresas españolas como pantalla sin su conocimiento.
La red operaba bajo una estructura empresarial que simulaba legalidad. Utilizaban empresas búlgaras gestionadas por testaferros, fingían ventas internas en la UE y se servían del Procedimiento Aduanero 42 (CP42), que exime del pago del IVA en el país de entrada cuando la mercancía se traslada a otro estado miembro.
Pero el destino final nunca eran esas empresas: los productos eran vendidos en efectivo y sin declarar a bazares chinos de grandes polígonos industriales, como Cobo Calleja (Fuenlabrada) o el PICA (Sevilla).
Usurpaciones fiscales, efectivo oculto y bazares como destino
En los registros realizados en España (cinco en Madrid, y uno en Badajoz, Badalona, Elche, Manises y Sevilla) se han intervenido 475.000 euros en metálico y 490.000 en criptovalores. También se han bloqueado 11 propiedades, 27 vehículos, cuentas financieras y artículos de lujo. Cuatro de los detenidos fueron arrestados en Badajoz, uno en Madrid y otro en Sevilla.
La Fiscalía Europea subraya que este esquema fraudulento comenzaba ya en el puerto griego de El Pireo, donde los contenedores eran declarados con un valor inferior al real o se reclasificaban para evitar los aranceles.
Desde ahí, las mercancías viajaban a Italia y luego a países como España, transportadas con documentos falsos y almacenadas en centros logísticos controlados por la organización. Una vez vendidas en negro, los beneficios regresaban a China a través de técnicas de blanqueo altamente especializadas.
Los productos no solo escapaban al control fiscal, sino también al aduanero. Se han incautado más de 7.000 bicicletas eléctricas, casi 3.700 patinetes y 480 contenedores que serán revisados en El Pireo.
Además, en los registros de Bulgaria, Francia, Grecia y España se han hallado armas de fuego y blancas, así como una suma total de 5,8 millones de euros (en efectivo y criptomonedas), según precisan desde Europol.
Una red con apariencia legal y control total del fraude
La estructura criminal actuaba como una empresa integral: producía facturas y documentos falsos, gestionaba almacenes logísticos, reclutaba empresas pantalla y organizaba todo el ciclo del fraude. Los facilitadores clave (agentes aduaneros, asesores fiscales y contables) permitían disfrazar la operativa con documentación aparentemente legal. Una vez colocada la mercancía en el mercado, el efectivo era transportado incluso por camiones logísticos ordinarios para no levantar sospechas.
Desde la Agencia Tributaria explican que "las empresas usurpadas eran completamente ajenas al fraude" y se trataba, en algunos casos, de sociedades muy conocidas. La EPPO ha constatado que los documentos de transporte se destruían al entregar la mercancía y que el uso de sociedades interpuestas, con números de IVA falsificados, dificultaba enormemente el rastreo.
Las autoridades han recalcado que este tipo de fraude masivo "socava gravemente los sistemas fiscales de los estados miembros" y permite a los grupos criminales ofrecer precios por debajo del mercado, al operar sin impuestos, tasas antidumping ni controles legales.
