La Corte Suprema argentina confirma la condena a Cristina Fernández y allana el camino para su detención
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha desestimado este martes el último recurso de apelación presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, validando así su condena a seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras viales durante su gestión. La resolución, adoptada por unanimidad por los tres magistrados del alto tribunal, también ratifica la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos.
La decisión judicial podría desembocar en la detención de la exmandataria en los próximos días, aunque, dado que tiene 72 años, es probable que cumpla la condena bajo arresto domiciliario.
El caso 'Vialidad', una trama de obras direccionadas
La causa por la que Fernández ha sido condenada, conocida como ‘Vialidad’, investiga la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez, vinculado al kirchnerismo. Según el fallo, estas adjudicaciones se realizaron con evidentes beneficios para Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El proceso judicial arrancó en 2019 y culminó con una condena en 2022, que luego fue confirmada en segunda instancia en 2024. La resolución de la Corte Suprema deja sin opciones legales a la exmandataria, quien aún dispone de cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal que dictó la pena. Será el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, quien deba ejecutar la sentencia.
Fernández denuncia persecución judicial
Tras conocerse la resolución, Cristina Fernández se encontraba en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, arropada por militantes peronistas. En un encendido discurso, calificó a los magistrados de la Corte como “monigotes al servicio de intereses superiores” y denunció un intento por “condicionar el voto popular” a través de decisiones judiciales. Para Fernández, se trata de un nuevo episodio de “lawfare”, una supuesta estrategia de persecución judicial con fines políticos.
La confirmación de la condena trastoca los planes electorales de la exmandataria, quien había manifestado recientemente su intención de postularse en las elecciones legislativas de septiembre. Con esta sentencia, queda fuera de toda posibilidad de participación electoral.
Reacciones polarizadas
El presidente Javier Milei celebró la decisión del Supremo con un escueto mensaje en redes sociales: “Justicia. Fin.” Aprovechó además para arremeter contra “periodistas corruptos” y “pactos de impunidad”, negando cualquier alianza con la exmandataria.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “el que las hace, las paga”, mientras que el expresidente Mauricio Macri tildó el fallo de “histórico”, aunque reconoció que “no es un día para celebrar”, al tratarse de una exjefa de Estado condenada por corrupción.
En contraste, desde el ala peronista y varios gobiernos latinoamericanos se han pronunciado en defensa de Fernández. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, denunció “una infamia” que hiere “profundamente” a la democracia argentina. El Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes progresistas de la región, acusó al poder judicial de actuar como instrumento de proscripción política.
Gobiernos como los de Bolivia y Venezuela también expresaron su rechazo. El Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó el fallo como un “golpe político y judicial” y acusó a la justicia argentina de responder a “intereses autoritarios”.
