El Gobierno informará cada tres meses sobre el fondo para salvar a la banca
Así lo anunció la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el FROB, en la que señaló que será el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, el que acuda periódicamente a informar a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso.
Si se produce una intervención, además del secretario de Estado de Economía deberá acudir al Congreso el subgobernador del Banco de España como responsable de la Comisión Rectora del FROB.
La norma aprobada pone las bases del camino a seguir, especialmente con fusiones, y se aprueba en un momento "inmejorable" según Salgado, para "dar respuesta a las necesidades que puedan presentarse en nuestro sector financiero en el próximo ejercicio".
En cuanto a la idoneidad del momento, explicó que las grandes entidades, que son las que podrían generar un riesgo para todo el sistema, "no tienen absolutamente ningún problema".
"Muchas de las otras tampoco, pero otras podrían tenerlos si continúa la crisis y la caída de la actividad económica hace que entren en dificultades por estrecharse los márgenes", explicó Salgado.
Así, insistió en que es el "momento adecuado para iniciar" la reestructuración del sector financiero y para que los 49 bancos, 46 cajas y 90 cooperativas de crédito "se refuercen por procesos de fusión, concentración o absorción".
En este sentido, hizo hincapié en que la reestructuración es "para todo el conjunto del sistema, no sólo para las cajas de ahorros", que "hemos tendido a señalar" en los últimos meses.
La ministra de Economía insistió en que este proceso también busca "garantizar que (el sector financiero) pueda cumplir su papel en una economía de mercado, que es ser intermediario financiero, y captar recursos que puedan ofrecerse después a empresas y particulares".
Potestad de las CCAA para autorizar fusiones
Una de las cuestiones claves que explicó Salgado fue la potestad que las Comunidades Autónomas tienen para autorizar las fusiones de las cajas de ahorros, que se mantendrán invariables, si bien el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.
"Como es urgente, no tiene sentido abordar en este momento" los derechos de veto que las Comunidades Autónomas tienen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros, aseguró la vicepresidenta, que sentenció que "los poderes de las CCAA (sobre las cajas) y el Ministerio de Economía y Hacienda (sobre los bancos) quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera".
No obstante, para avalar la competencia del Estado en intervenciones de entidades financieras, invocó una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que es el Estado, a través del Banco de España, la máxima autoridad en dichos casos.
Compromiso de recompra de activos en cinco años
El FROB, que tendrá una dotación inicial de 9.000 millones, se financiará con 6.750 millones de euros procedentes de recursos públicos y 2.250 millones de las entidades financieras a través de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos.
Esto supondrá que el Estado aportará el 75%, mientras que las entidades pondrán el 25% restante. La aportación pública procederá de recursos no utilizados del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, según explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La emisión de los activos se considerará "excepcional" y estará sujeta al plan de integración que las entidades sometan a la aprobación del Banco de España junto con el compromiso de recomprar dichos activos en un plazo máximo de tres años, ampliable a un total de cinco.
El documento incide en que existirán "intensos mecanismos de seguimiento y control" de la ejecución de estos planes de integración, aunque podrán ver modificadas sus condiciones si la situación de la entidad lo hace aconsejable y ésta así lo pide.
Con carácter previo a las fusiones, el fondo solicitará un informe a la comunidad autónoma correspondiente en caso de que las entidades en cuestión sean cajas, mientras que si se trata de bancos, el informe deberá emanar del Ministerio de Economía y Hacienda. El texto no especifica si dichos informes serán vinculantes.
La propuesta que el Ministerio de Economía ha trasladado a la oposición no distingue entre bancos y cajas, por lo que no hace referencia al derecho de veto de los gobiernos autonómicos a las fusiones, ni apunta la necesidad de una reforma de la Ley de Cajas.
No obstante, advierte de que en el caso de que sea necesaria una intervención pública en alguna entidad, el proceso se conduciría según lo estipulado en la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, que plantea que el Banco de España sustituya a los administradores.
La novedad está en que el supervisor asignaría está función al FROB, que estudiaría la situación y propondría un plan de reestructuración, lo que podría interpretarse como una facultad extraordinaria que deje momentáneamente en suspenso de las competencias autonómicas.
En el caso de que el fondo opta por el apoyo financiero y asuma la gestión de la entidad, en el caso de las cajas de ahorros compraría cuotas participativas con derechos políticos, que no serían en ningún caso transmisibles a posteriores compradores de dichas cuotas.
Si opta por impulsar una fusión, las autorizaciones administrativas recaerían en el Banco de España, que las concedería "implícitamente" en el mismo momento en que aprobase el plan de reestructuración propuesto por el FROB.
Asimismo, los administradores provisionales designados por el Banco de España asumirían la competencia para acordar cada emisión de cuotas, atribución que en la actualidad pertenece a la asamblea general de cada caja, que puede delegarla en el consejo de administración.
27.000 millones de endeudamiento inicial
El fondo contará con un capital inicial de 9.000 millones de euros, aportado en dos terceras partes por el Gobierno, a cuenta de los fondos no utilizados que se preveían para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y en un tercio por los FGD.
Asimismo, contará con una capacidad de endeudamiento de tres veces su capital, esto es, de 27.000 millones de euros, con lo que los recursos iniciales se elevan a 36.000 millones. No obstante, esta cifra podría ampliarse hasta 90.000 millones, previa autorización de la ministra de Economía y Hacienda.
El modelo de reestructuración bancaria propuesto por el Gobierno se articula en torno al uso de esta nueva institución del FROB y al de los tres FGD, y responde a las funciones que les reconoce la ley para reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades de crédito en situación de dificultad.
