El Gobierno endurece el control sobre el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 24 de junio un nuevo paquete de medidas urgentes en materia energética para reforzar el sistema eléctrico, con especial atención a la supervisión, la respuesta ante oscilaciones y la reposición del suministro. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que la norma responde a la necesidad de corregir las vulnerabilidades evidenciadas por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

“El sistema tiene que ser más robusto y resiliente en un mundo complejo y volátil”, ha subrayado la ministra, que ha calificado de “ágil y exitosa” la respuesta tras el cero eléctrico, pero ha advertido de que “era imprescindible extraer lecciones para evitar que vuelva a repetirse”. El Real Decreto-Ley aprobado hoy se enmarca en la línea normativa que el Ejecutivo ya había iniciado semanas atrás.

El objetivo es avanzar hacia una "mayor autonomía estratégica en un entorno geopolítico inestable y asegurar que los mecanismos técnicos de respuesta funcionen de manera fiable en momentos críticos", ha subrayado la ministra.

Para ello, se refuerzan los controles sobre la tensión y el comportamiento del sistema, se clarifica la responsabilidad de todos los actores implicados y se establece una hoja de ruta con plazos concretos de ejecución.

Supervisión reforzada, planificación ágil y nuevas obligaciones para operadores

Entre las principales disposiciones del decreto destaca la exigencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de elaborar, en el plazo de seis meses, un informe específico sobre el control de tensión ejercido por los operadores del sistema. Además, en un periodo máximo de doce meses, deberán inspeccionarse todos los elementos implicados en la reposición de suministro.

Según ha precisado la ministra, el decreto también establece que el operador del sistema (es decir, Red Eléctrica) deberá presentar, cada tres meses, propuestas técnicas ante las autoridades competentes para reforzar el funcionamiento de la red. Estas propuestas podrán incluir tecnologías como los sistemas PSS o POD, necesarios para mejorar la capacidad de amortiguamiento frente a oscilaciones bruscas.

Aagesen ha señalado que “el día 28 estaban disponibles todos los elementos necesarios para controlar el sistema, pero no se comportaron como se esperaba”. Por ello, el nuevo marco normativo se centra en reforzar la verificación, la transparencia y la responsabilidad técnica de cada agente involucrado.

Modificaciones en la planificación y redacción clara sobre redes compartidas

El texto normativo habilita también una modificación puntual de la planificación energética hasta 2026, con el fin de agilizar la incorporación de tecnologías de alto impacto en el control de tensión. Entre otras medidas, se establece que equipos como los dispositivos FACTS deberán poder fabricarse y desplegarse en menos tiempo, a fin de reforzar la calidad de la red.

El decreto incorpora, además, una novedad de tipo organizativo: se clarifica el reparto de responsabilidades entre los distintos operadores y empresas que participan en redes mancomunadas. A juicio de Aagesen, “es imprescindible dejar muy claro quién responde de cada tramo de la red en la estructura de evacuación”.

Estas medidas suponen, en conjunto, un paso decisivo hacia un sistema eléctrico más estable, con mejores garantías de respuesta técnica ante situaciones imprevistas y una gobernanza más transparente en toda la cadena operativa, según ha destacado la ministra.

Aagesen evita pronunciarse sobre el futuro de Beatriz Corredor

Preguntada por la posible dimisión de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, Sara Aagesen ha evitado posicionarse directamente, aunque ha defendido la actuación del Ejecutivo: “El Gobierno ha cumplido con su compromiso; en 49 días hemos tenido informe y hemos identificado causas analizando información de cada uno de los operadores. Lo hemos hecho con rigor”.

La ministra ha insistido en que “otros procesos, como las instrucciones administrativas y judiciales, seguirán su curso” y serán estos los que determinen si procede depurar responsabilidades. “Veremos qué sale de esos procedimientos”, ha zanjado.