Francisco Martínez y Alcasec, a prisión por una red de ciberataques masivos y blanqueo de capitales

Se les investiga por liderar una sofisticada red criminal que robaba datos masivos mediante ciberataques y los comercializaba en el mercado negro, blanqueando los beneficios a través de criptomonedas.

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, tras su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional. La misma medida ha sido adoptada para José Luis Huertas, alias Alcasec, el joven hacker considerado uno de los más notorios de los últimos años.

Ambos están siendo investigados por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a ejecutar ciberataques a gran escala contra organismos públicos y empresas privadas. El objetivo: acceder a datos sensibles de millones de ciudadanos para su posterior comercialización en el mercado negro.

De buscadores “legales” a redes clandestinas

Durante su declaración, que se prolongó por más de media hora, Martínez respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de su defensa. Sostuvo que nunca se benefició de ningún dato y que no participó activamente en la evolución de las empresas bajo sospecha. Según su versión, únicamente prestaba asesoramiento legal a Huertas y probó el buscador que éste estaba desarrollando sin detectar nada sospechoso, ya que —afirma— solo contenía información disponible en fuentes abiertas de pago.

Pero la versión de la Fiscalía dista mucho de esa explicación.

Una red con tintes de inteligencia privada

Según la jueza instructora, la trama habría desplegado una infraestructura tecnológica sofisticada, diseñada para extraer, almacenar y procesar información de manera masiva. Todo apunta a una estructura bien jerarquizada, con funciones diferenciadas y operaciones ejecutadas desde servidores distribuidos en la nube, que los implicados creían seguros frente a posibles investigaciones.

Lo más alarmante: la red no se limitaba a recopilar información al azar. Elaboraban perfiles completos de usuarios e instituciones, cruzando datos personales, financieros, comerciales y técnicos para maximizar su valor en el mercado negro y aumentar el control sobre las víctimas.

Además, utilizaban criptomonedas para camuflar las transacciones y blanquear los beneficios obtenidos, lo que complica aún más el rastreo del dinero.

La causa permanece bajo secreto

Por ahora, el contenido específico de los documentos y pruebas está blindado por el secreto de sumario, aunque ya se han confirmado los delitos bajo investigación: blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, intrusismo informático, apoderamiento de datos reservados y pertenencia a organización criminal.

Una batería de delitos que dibuja un panorama muy oscuro sobre lo que, hasta hace poco, se vendía como una “innovación tecnológica”.

Un caso que sacude las instituciones

El ingreso en prisión de Francisco Martínez supone un terremoto político, no solo por su pasado en el Ministerio del Interior, sino porque podría reabrir debates sobre el control institucional de los servicios digitales y la vigilancia de las redes privadas de inteligencia.

Y es que no se trata solo de hackers o buscadores ilegales. Se trata de un sistema que, durante años, ha operado al margen de la ley, almacenando información delicada, vendiéndola y, según los investigadores, dinamitando la privacidad de millones de personas.

Una trama que, en silencio y desde la sombra, ha superado los límites de la legalidad y la ética. El escándalo no ha hecho más que comenzar.