Olía a invierno de país rancio. Se oían fascistas que se negaban a abandonar el pistolerismo. Se sentía brisa de muerto grande. Era de noche, buscaban a Navarro; pero Navarro ya no estaba.
Daba igual, amartillaron las pistolas y segaron la vida a Enrique Valdevira, a Luis Javier Benavides, a Francisco Javier Sauquillo, a Serafín Holgado, a Ángel Rodríguez. Hirieron a Miguel Sarabia, a Alejandro Ruiz Huertas, a Luis Ramos y a Dolores González. Abogados laboralistas, estudiantes de derecho, administrativos, afiliados a las ilegales Comisiones Obreras y militantes del PCE.
El contextos político
Buscaban a Navarro, organizador de las huelgas de transporte de aquel mes de Enero que acabaron con la “mafia franquista” del sector. Era de noche, hace cuarenta años, cuando ejercer el laboralismo, convocar huelgas y dar la cara ante el franquismo terminal podía costar la vida, a pesar de los relatos de izquierdas acomodaticias que ahora circulan por los mercados políticos.
En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con la izquierda, una a manos de la misma Triple A, organización fascista autora del atentado de Atocha y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia, durante una manifestación en protesta por la muerte del primero.
A pesar de que el referéndum para la reforma política celebrado en Diciembre de 1976 había fortalecido a los reformistas, la ultraderecha que trufaba los aparatos del estado reaccionó con dureza contra la reforma. Una pelea que trasladaba a la calle con el obvio objetivo de la atemorización de quienes aspiraban a la libertad.
Sin duda alguna, al miedo contribuyeron organizaciones terroristas, especialmente el GRAPO; que a lo largo de Diciembre y Enero no dejaron de perpetrar atentados y secuestros.
Ultras, organizados y entrenados por sectores del ejercito y aparatos del estado atacaban las manifestaciones de trabajadores y estudiantes. Entre ellos: José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, los asesinos de los abogados de Atocha. La noche del 24 de Enero perpetraron el asesinato, por el que se juzgaría también como inductor intelectual al Presidente del Sindicato Vertical de Transporte Francisco Albadalejo.
La reacción del Partido Comunista
Más de doscientas mil personas asistieron al entierro de las víctimas. La presencia de la izquierda, especialmente del Partido Comunista, la primera gran expresión política desde la muerte de Franco, cambió el discurso de la transición y las agendas de los gobernantes – a media camino entre la reforma y el continuismo-.
Se legalizó, de hecho, la manifestación: en todo el país, las fuerzas de seguridad protegieron manifestaciones y a miembros del partido comunista todavía ilegal.
De algún modo fue una reacción “constitucional” aunque casi nadie sabía que significaba eso. Los asesinados y quienes les acompañaron creían en la política, en los principios “formales” de la democracia; en el parlamento y en los partidos.
El secretario general del ilegal PCE, Santiago Carrillo, encabezó el cortejo durante quince minutos. En las principales ciudades españolas se registraron manifestaciones de condena y rechazo de la violencia. Los dirigentes y afiliados del PCE rechazaron las provocaciones y el enfrentamiento con los militares que pretendían los franquistas.
No hubo violencia, ni revancha, ni venganza. Se sentaron las bases de una transición política que solo aspiraba a la paz y a la libertad. Eso sí, cinco vidas y cuatro heridos y heridas para siempre sostienen, junto a muchos otros, nuestra democracia.
