Alierta viola el Código Ético de Telefónica
Tres meses después de que Iñaki Urdangarín fuera formalmente imputado por graves y presuntos delitos de corrupción en el caso Nóos, Telefónica no ha dado un solo paso para alejar al duque de Palma. La decisión del equipo que capitanea César Alierta, que en 2010 pagó al aristócrata 1,4 millones de dólares, según su propia declaración tributaria en EEUU, convierte en papel mojado el código ético del gigante latino de las telecomunicaciones. Porque ese protocolo de actuación prohíbe de forma expresa a los directivos hacer negocios utilizando para ello la privilegiada atalaya que les confiere su cargo. “Nos comportaremos con rectitud –dice el código ético interno-, sin buscar en ningún caso beneficio propio o de terceros a través del uso indebido de nuestra posición o nuestros contactos en Telefónica”.
Alierta, que fichó en 2006 a Urdangarín como consejero de Telefónica Internacional, le mantiene contra viento y marea como consejero de la misma y como alto cargo de Telefónica Brasil, a cuyo panel de directores se incorporó el yerno del Rey en mayo de 2007. Los correos electrónicos incautados a la trama Nóos prueban que Brasil fue uno de los escenarios elegidos en 2009 por el marido de Cristina de Borbón para captar contratos de asesoramiento para Aizoon SL, la empresa cuya propiedad comparte al 50% con su esposa. En otras palabras, el aristócrata podría haber vulnerado el precepto que proscribe utilizar Telefónica como palanca para negocios ajenos a la compañía.
Por qué Telefónica no ha puesto en marcha los mecanismos de investigación que prevé su decálogo de buena conducta es una incógnita. Aprobado en diciembre de 2006, el folleto lanzado entonces para difundir los principios éticos aplicables afirmaba lo siguiente: “Además, hemos creado una Oficina de los Principios de Actuación que se encarga de divulgar estas directrices éticas además de revisar los procesos, estudiar las dudas, quejas o alegaciones de empleados, proveedores o socios y de impulsar las políticas necesarias para el adecuado cumplimiento de los principios”.
Desde que el 29 de diciembre el juez del caso imputó a Urdangarín, Telefónica se ha atrincherado en el silencio. Una sola vez se pronunció Alierta. Y lo hizo en un acto público, el pasado 25 de enero, para desmentir con un escueto “no” que Telefónica planease anunciar el despido del duque. Cuando los periodistas insistieron, el responsable de la comunicación de la compañía, Luis Abril, zanjó el asunto con una frase ya célebre en la tradición española: “No toca”. O sea, que la continuidad o alejamiento de Urdangarín ni estaba ese día en la agenda pública de Telefónica ni por el momento parece que vaya a estarlo.
De hecho, Estrella Digital se puso en contacto con el Gabinete de Luis Abril para que explicase los motivos por los que no se ha impuesto el decálogo de Telefónica a Iñaki Urdangarín, pero hasta la fecha, estas explicaciones no han tenido contestación.
En la investigación del caso Nóos, Aizoon se encuentra en el ojo del huracán junto con Nóos Consultoría Estratégica SL, cuyos títulos se repartían al 50% Urdangarín y su socio, Diego Torres, oficialmente hasta mediados de 2006. Esas dos compañías fueron las más favorecidas en el trasvase de fondos públicos obtenidos en Valencia y Baleares por Instituto Nóos, la asociación “sin ánimo de lucro” gobernada por el mismo Urdangarín y el mismo Torres. De los 5,8 millones públicos obtenidos entre 2004 y 2007 por Instituto Nóos, 3,5 millones acabaron en las cuentas de Nóos Consultoría y Aizoon.
