Las finanzas del Vaticano en "quiebra" mientras el cónclave se reúne para elegir al sucesor de Francisco
Desde el pontificado de Benedicto XVI el Vaticano ha atravesado una significativa transformación financiera, impulsada por la necesidad de sanear sus cuentas, modernizar sus estructuras económicas y recuperar una confianza perdida tras décadas de opacidad.
Benedicto XVI (pontífice entre 2005 y 2013) heredó unas finanzas marcadas por los escándalos y la falta de controles modernos. Durante su papado se dieron los primeros pasos hacia la transparencia, promulgándose en 2010 leyes contra el blanqueo de capitales y realizándose auditorías por parte de expertos independientes.
Fruto de una de esas auditorías, en 2021, el comité de expertos europeo en anti-lavado de dinero, Moneyval, emitió un informe de más de 200 páginas que reveló graves deficiencias. El Vaticano incumplía por aquel entoneces la mitad de las 45 recomendaciones evaluadas, incluyendo siete de las 16 recomendaciones clave para estar en la lista blanca de la OCDE.
Con la elección del papa Francisco en 2013, las reformas financieras cobraron un impulso sin precedentes. Bajo la idea de "una Iglesia pobre y para las pobres", el pontífice llevó a cabo medidas de calado para sanear la economía vaticana.
Hitos clave en la reforma financiera del Vaticano (2005 - 2025)
Las decisiones adoptadas por Benedicto XVI y Francisco han conseguido darle más transparencia a las finanzas del Vaticano. Entre las múltiples medidas se pueden destacar las siguientes:
- 2010-2012. Promulgación de leyes contra el blanqueo y creación de la Autoridad de Información Financiera (AIF). El Vaticano se somete a la auditoría de Moneyval por primera vez.
- 2013. Se forma una comisión especial para reestructurar la economía vaticana. Un informe crítico de Moneyval impulsa las reformas.
- 2014. Se crea la Secretaría de Economía con control central de finanzas y nace el Consejo de Economía.
- 2015. Se cierran unas 5.000 cuentas irregulares del Instituto para las Obras de Religión (IOR). Se implementan normas de contratación más transparentes para evitar la corrupción interna.
- 2016. Se redefine el papel de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) para la administración de los bienes y las cuentas de la Santa Sede con base en criterios empresariales éticos.
- 2019. La ley anticorrupción vaticana impone controles a los contratos y limita los regalos a los funcionarios a un valor máximo de 40 €.
- 2020. La Secretaría de Estado pierde sus fondos, que pasan a la APSA y quedan bajo la supervisión de la Secretaría de Economía. Se revela un déficit récord de 66 millones de euros, agravado por la pandemia.
- 2021. Primera publicación del balance de APSA.
- 2022. El papa promulga la carta apostólica "Praedicate Evangelium", que reorganiza la Curia y antepone la misión evangelizadora a la financiera, a la vez que consolida las estructuras económicas creadas en los últimos años.
- 2023. Se nombran laicos profesionales para puestos clave en la gestión financiera del Vaticano.
- 2025. Es Año Santo Jubileo y se espera que la afluencia de peregrinos alivie temporalmente las arcas.
El papel del IOR y la APSA
El Instituto para las Obras de Religión (IOR) fue fundado en 1942. Aunque se le denomina "Banco del Vaticano", en realidad opera como un fondo fiduciario. Es una banca privada sin carácter comercial abierto al público, cuya misión es administrar los recursos destinados a las obras religiosas y de caridad. Dando servicio a congregaciones, diócesis, órdenes religiosas y al propio Vaticano.
Durante décadas tuvo total autonomía y su actividad era secreta, lo que dio lugar a importantes escándalos. Según el informe de Moneyval de 2012, el IOR manejaba más de 8.000 millones de dólares en activos repartidos en 33.000 cuentas, pero apenas se ejercía control sobre él.
En 2013 este organismo fue objeto de una profunda limpieza y reforma. Se cerraron miles de cuentas sospechosas y quedaron únicamente como clientes las instituciones católicas, sus empleados y las personas vinculadas legítimamente a la Iglesia.
El cambio más importante se produjo en 2019, cuando su actividad quedó acotada exclusivamente a "la gestión y depósito del patrimonio mobiliario de la Santa Sede y entes relacionados". Dejó entonces de ser un banco para convertirse en gestor de activos, sin la posibilidad de realizar operaciones especulativas ni de ofrecer préstamos al público.
El último informe (del año 2022) destaca que el IOR tiene una elevada solidez patrimonial y robusta liquidez, habiendo pasado a ser una de las instituciones mejor clasificadas del mundo en la evaluación de Moneyval.
Por su parte, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) opera de manera similar a un banco central y un fondo soberano de inversión.
Se encarga de la gestión del patrimonio inmobiliario y financiero del Vaticano. Desde su creación en 1929 ha invertido en acciones, oro y bienes raíces, logrando multiplicar el patrimonio de la Iglesia durante el siglo XX.
En la actualidad, es propietaria o gestora de más de 5.000 inmuebles en todo el mundo; administra las cuentas y fondos de distintas dependencias vaticanas y actúa como tesorería central: recauda alquileres, paga a proveedores, abona las nóminas y cubre los déficits de la Curia con sus rendimientos.
Bajo el pontificado de Franciso, la APSA también fue objeto de reformas para hacerla más eficiente y transparente. Desde 2021 publica sus balances anuales y ha conseguido aumentar sus ingresos a través de la rentabilización de activos. Huyendo de viejas prácticas como "malvender" joyas inmobiliarias de la Iglesia.
Un déficit crónico
A pesar de los esfuerzos que Benedicto XVI y Francisco llevaron a cabo para sanear las finanzas de la Iglesia, la Santa Sede arrastra un déficit estructural preocupante desde hace años.
Con base en las cifras oficiales de 2024, el déficit consolidado ronda los 70 millones de euros, aunque en 2023 llegó a superar los 83 millones de euros.
Los datos demuestran que, aunque en algún momento se han producido pequeñas mejoras, los números rojos se mantienen año tras año.
Según un dato difundido por la Secretaría de Economía, el patrimonio neto de la Santa Sede rondaba los 4.000 millones de euros a finales de 2023. Esto sería más que suficiente para cubrir un déficit anual de 70 millones de euros, pero los expertos destacan que ese patrimonio no es líquido y no es fácil convertirlo en efectivo, lo que dificulta el pago de las deudas.
No obstante, el Vaticano cuenta con "colchones financieros". Además de las reservas que gestiona APSA, dispone de un fondo de pensiones para empleados laicos y eclesiásticos; así como diversos fondos patrimoniales legados a la Santa Sede. El problema es que estos productos financieros también enfrentan dificultades. En el caso del fondo de pensiones, este tiene un déficit actuarial proyectado a largo plazo de cientos de millones de euros por el envejecimiento del personal.
¿Hay un riesgo real de quiebra del Vaticano?
En los últimos años se ha ido disipando el tabú a la hora de hablar de las finanzas del Vaticano y algunas voces autorizadas han hecho saltar las alarmas ante la precaria situación financiera de la Santa Sede.
En 2020, el cardenal George Pell, que fue Prefecto de Economía entre 2014 y 2017, declaró que el Vaticano corría el "riesgo de quebrar lentamente a menos que controle los crecientes déficits".
A finales de 2021, el por entonces Prefecto de Economía, P. Juan A. Guerrero, admitió que la situación por la pérdida de valor de las inversiones era delicada.
En 2023 y 2024 el propio papa Francisco reconoció la gravedad de la crisis económica. En una carta dirigida a cardenales y empleados manifestó que "las arcas vaticanas están vacías" y se mostró preocupado por la sostenibilidad del sistema.
A diferencia de los Estados comunes, el Vaticano no tiene deudas con bancos comerciales ni con el Fondo Monetario Internacional. Además, no puede ser embargado en sentido estricto. Por tanto, el riesgo de quiebra se materializa para él en la posibilidad de agotar su liquidez, quedarse sin dinero en efectivo para pagar nóminas, facturas de proveedores, pensiones y labores de mantenimiento.
A pesar de ello, el Vaticano dispone de activos considerables que, en caso de extrema necesidad, puede enajenar o hipotecar.
La estrategia oficial para evitar el colapso pasa por la austeridad y por buscar nuevas fuentes de ingresos.
La situación no es irreversible, pero sí especialmente delicada, y el nuevo papa tendrá que hacer frente al importante reto de seguir modernizando las finanzas del Vaticano y tomar decisiones que mejoren su gestión económica.
